Castro solicita al CGPJ que frene la injerencia política

El presidente del Tribunal Superior, Antonio Castro Feliciano, aprovechó la inauguración del nuevo año judicial en Canarias para pedir al Consejo General del Poder Judicial que refuerce su misión como garante de la independencia judicial, «a veces perturbada por la injerencia de otros poderes».

Castro Feliciano inició su discurso de inauguración del año judicial en Canarias con un claro mensaje al recién constituído Consejo General del Poder Judicial: «es una buena ocasión para poner de manifiesto nuestra satisfacción por la reciente renovación», expuso ante la abarrotada sala de vistas del Palacio de Justicia, «y quiero resaltar la necesidad de pedir a sus componente que refuercen la función primordial del mismo como órgano constitucional garante de la independencia de los jueces y magistrados españoles, independencia que a veces se ve perturbada», subrayó, «por la injerencia en nuestra función de otros poderes, institucionales o lácticos».

Durante su encuentro con los medios informativos previo a la ceremonia, el presidente del Tribunal Superior de Justicia había avanzado que con esta encomienda al Consejo no pretendía referirse específicamente al caso Mari Luz [la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa de la Vega, ha puesto en pie de guerra al colectivo forense al recomendar al CGPJ el tipo de sanción que desearía que se impusiera al juez que permitió que el asesino de la niña estuviera en libertad para cometer el crimen], ni a ningún caso en concreto, ni siquiera específicamente a las supuestas injerencias del Ejecutivo: «en la intromisión también incurren los medios de comunicación, ustedes saben bien de que hablo, y no es de ahora, es de hace mucho tiempo», matizó.

La sala de vistas del Tribunal Superior, en el palacio de Justicia de las Palmas, se vistió ayer de gala para celebrar la ceremonia de apertura del año judicial, una recepción que desde 2005 se celebra en todas las comunidades autónomas y que la Sala de Gobierno del TSJC convoca como un punto de encuentro entre la judicatura y los representantes del resto de la sociedad. Al acto acudió una completa representación de las autoridades civiles, militares y eclesiásticas de las islas, encabezadas por el presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, el presidente del Parlamento autonómico, Antonio Castro Cordobez, y el delegado del Gobierno en Canarias en funciones, Vicente Oliva.

El presidente del Tribunal Superior también apuntó durante su intervención que la última memoria judicial evidencia mejoras en el servicio público en las islas. Así, apuntó que la tasa de resolución de los tribunales canarias durante 2007 sólo fue superada por tres comunidades (Asturias, Andalucía y Cataluña) «y ello pese a la movilidad, ya endémica de jueces y magistrados», expuso. Recordó en este sentido que el año pasado cesaron 37 jueces en el territorio, y detalló que si bien en asuntos pendientes la comunidad sigue por encima de la media estatal, «se ha mejorado considerablemente respecto a años anteriores, de tal modo que de los 407.839 asuntos registrados fueron resueltos 404.003».

Castro Feliciano apuntó que las medidas de refuerzo en órganos judiciales colapsados «están dando sus frutos», y se mostró confiado en que tales mejoras se evidencien pronto en las estadísticas judiciales.

Registros civiles colapsados

Castro Feliciano también llamó la atención de la excepcional audiencia sobre el hecho de que los registros civiles de las islas se estaban viendo colapsados, especialmente el de Puerto del Rosario, ante la «avalancha de inmigrantes». Apuntó que los de Las Palmas capital y Santa Cruz de Tenerife se dedicarán en exclusiva a esta función a partir del 1 de enero de 2009 y que los de las islas menores se han reforzado.