Carmelo Vega dice que Carlos Sánchez era el más vinculado a la UTE

El ex alcalde Carmelo Vega declaró ayer en el Juzgado de Instrucción número 4 que la persona más vinculada con el proyecto del centro comercial de Santa Brígida y con los socios de la adjudicataria de esa obra era Carlos Sánchez, entonces concejal de Urbanismo.

Jesús Quesada
JESÚS QUESADA

Carmelo Vega afirmó ayer en el Juzgado de Instrucción número 4 de la capital que «la persona que más vinculación tenía con el proyecto» de construcción de un aparcamiento subterráneo y centro comercial en el casco de Santa Brígida, dentro del grupo de gobierno del Ayuntamiento que promovió esa concesión administrativa y que él presidía, era el entonces concejal de Urbanismo, Carlos Sánchez (PP), ahora consejero de Política Territorial del Cabildo, y que era ese concejal quien trataba con los socios y miembros de la unión temporal de empresas a la que se adjudicó la concesión y que no ha pagado aún más de 648.000 euros de tributos municipales de obligado abono.

El que era primer edil cuando se adjudicó la concesión y cuando el Pleno, el 7 de junio de 2003, decidió condicionar la licencia de obra al pago previo de esos tributos, no liquidados hasta ahora, prefirió no responder a la pregunta de «si alguien del Ayuntamiento ha defendido con especial insistencia los intereses de la UTE» y negó mantener o haber mantenido relación especial o algún tipo de negocio con las empresas que forman parte de la adjudicataria.

El que fuera alcalde de Santa Brígida hasta septiembre de 2005 declaró como imputado en las diligencias previas abiertas en el citado juzgado por un presunto delito de prevaricación y fraude consistente en condonar más de 113 millones de las antiguas pesetas de tributos de obligada liquidación según la Audiencia de Cuentas de Canarias, el interventor municipal y el entonces Secretario del Ayuntamiento. Antes lo hizo su sucesor en la Alcaldía, Antonio Díaz (PP), también como imputado. La querella fue puesta por la Fiscalía Anticorrupción tras una denuncia presentada por el concejal y portavoz del Grupo Socialista Antonio Ramírez.

Vega dijo que aunque el Pleno acordó cobrar ese dinero nunca se interesó por saber si se había abonado «ya que existían informes del secretario y del interventor que decían que no tenían que pagarse».

Por su parte, Antonio Díaz dijo no recordar que el pleno del Ayuntamiento acordara cobrar esos tributos siendo él concejal de Hacienda y ante la pregunta de por qué, como alcalde, no ha promovido su ejecución tratándose de un acuerdo formalmente válido y aprobado por la mayoría de los concejales contestó que no sabe si lo tiene que ejecutar o no y que nadie le ha dicho qué tiene que hacer.

Al igual que los otros concejales o ex ediles que han declarado como imputados, Díaz dejó claro que cuando Vega era alcalde ningún otro edil disponía de firma delegada y que quien debía comunicar la orden de cobro y no lo hizo era el entonces Secretario del Ayuntamiento.

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