Canarias y Madrid bloquean el pacto en comercio ‘online’

Cuatro meses después de anunciarse la exención aduanera para las compras realizadas por internet de hasta 150 euros, la medida sigue sin aplicarse y además no parece que vaya a salir adelante a corto plazo. Desde el Gobierno de Canarias se culpa al Estado del retraso de una medida que abriría las Islas al comercio electrónico.

El Gobierno de Canarias inició a principios de año una serie de reuniones con los responsables de la Agencia Tributaria estatal al fin de conseguir elevar desde los 22 euros actuales a los 150 el valor de las compras online exentas de pagar el Documento Único Administrativo (DUA). Un trámite aduanero complicado que en la mayoría de los casos realizan operadores externos -la propia agencia de transportes que lleva el paquete a casa- y por el que se cobra hasta 50 euros, encareciendo la compra y desanimando a los canarios del comercio electrónico.

Tras varias reuniones, a mediados de febrero la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, anunciaba en el Parlamento de Canarias la puesta en marcha con carácter inminente de la medida que resolvería gran parte del problema que sufren los isleños, puesto que el 70% de las compras de particulares por internet se hacen por importe inferior a 150 euros. 4 meses después la promesa no se ha cumplido y el comercio electrónico sigue vetado en Canarias.

Desde el Gobierno regional se asegura que no se ha dejado de trabajar en estos meses por sacar adelante la exención. Entre otras cosas, aprobó el decreto para modificar el artículo 105 del Reglamento de Gestión de los tributos del REF que permite a Dávila autorizar por una orden procedimientos simplificados. Sin embargo, el trámite quedó frenado en Madrid. «Se ha retrasado por la ausencia de un Gobierno en Madrid. La modificación del artículo 105 y la elaboración de una orden debería haber sido refrendada por una modificación legislativa en Cortes o una instrucción expresa de la directora general de Aduanas que sigue sin producirse, a pesar de que el secretario de Estado, Miguel Ferré, y el propio ministro Cristóbal Montoro se comprometieron a dar prioridad a este asunto», apuntan estas fuentes. Reconocen que el tema «está parado» y sin fecha para su aprobación.