Canarias y Enagás exigen un árbitro para activar Gascan

Rebeca Chacón
REBECA CHACÓN

Representantes del Gobierno regional y de Enagás han remitido sendas cartas al Ministerio de Industria solicitando a José Manuel Soria que cumpla la ley y designe un árbitro que fije el precio de la venta de las acciones de Gascan. El retraso en ese proceso demora aún más la construcción de las plantas de gas en el Archipiélago. El 30 de mayo se cumplió el plazo legal que tenían Enagás y Endesa para ponerse de acuerdo por las buenas y cerrar la venta del 47% de las acciones que la compañía eléctrica líder en Canarias tiene en Gascan. La normativa aprobada por Soria establece que, si ambas empresas no cerraban esa operación antes de esa fecha, el Estado nombraría un árbitro que fijaría el precio definitivo de la operación y que, por tanto, acabaría con el proceso que sigue atascando las construcción de las dos plantas de gas -una en Gran Canaria y otra en Tenerife- del Archipiélago. Sin embargo, un mes después de cumplirse ese plazo, Madrid no ha nombrado árbitro, lo que continúa alargando el trámite para que Enagás se haga con el control del 100% de las acciones de Gascan, tal y como impone la legislación aprobada por Industria, y se ponga manos a la obra para construir las plantas que rebajarían la dependencia del petróleo de las Islas. Por esa razón, tanto la empresa gasística como el Ejecutivo autónomo -que tiene el 10% de las acciones de Gascan mediante Sodecan- han exigido al Ministerio que actúe y reclame a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que designe a la persona que se encargará de fijar el precio de la operación. Fuentes de la negociación aseguran que los problemas internos de este organismo explican el retraso del proceso, ya que la Comisión atraviesa un período de cambios en la dirección que está influyendo en el cumplimiento de sus responsabilidades en los plazos habituales. En este sentido, el Ejecutivo de Canarias y Enagás temen que la llegada del verano demore aún más el nombramiento del árbitro, de forma que se traslade la decisión al principio del nuevo curso político. La ley indica que, tras designarse, el árbitro tendrá dos meses para fijar el precio de la operación. En consecuencia, la empresa gasística no tendría el 100% de Gascan hasta finales de año.

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