La secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asián, considera que el nuevo uso de la RIC autorizado por la AEAT y que permite la compra de viviendas para destinarlas al alquiler vacacional confirma que se trata de una actividad económica. Asián considera que esta modalidad turística es «imparable» y positiva para activar la economía.
La secretaria de Estado de Turismo, Matilde Asián, indicó ayer que la respuesta de Hacienda a la consulta vinculante planteada por el asesor Murli Kessomal y que confirma que la RIC se puede materializar en la compra de viviendas para el alquiler vacacional «no aporta nada nuevo ni resuelve nada», porque viene a «ratificar simplemente lo que ya dice la ley, es decir, que si se trata de una actividad económica y cumple una serie de requisitos puede acogerse a las ventajas fiscales de la RIC», señala. El problema está, en su opinión, en «distinguir cuando es actividad económica y cuando no lo es», y en ese sentido considera que la respuesta no aclara mucho. Recuerda Asián que si existe explotación de un inmueble es siempre actividad económica, sea alquiler vacacional o de otra forma, «pero si el propietario no se da de alta se convierte en competencia desleal, y contra eso estamos obligados a actuar», añade. Apunta también que la el uso de la tecnología elimina intermediarios y entiende que «eso debería revertir en la baja de precios para el cliente, porque de lo contrario, si no se traslada a precios sino a beneficios, se convierte además en ineficiente». La secretaria de Estado de Turismo reconoce que los requisitos pueden resultar confusos y difíciles de probar, por lo que algunos propietarios no se atreven a darse de alta por temor a que luego les pueda generar problemas. «En materia fiscal es más difícil delimitar la naturaleza de la renta, y en Canarias ese debate es más profundo», asegura. Asián insiste en que «nadie se opone a que exista el alquiler vacacional», que considera una modalidad turística «imparable» y positiva para activar la economía. En este punto, Asián abogó por armonizar en el conjunto del país la regulación del alquiler vacacional sobre tres ejes: equidad, fiscalidad y seguridad. Casi todas las comunidades autónomas han regulado esta modalidad de alojamiento pero de distinta forma.
