Archivado el caso contra Santana Cazorla por tráfico de influencias

La autoridad judicial ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa abierta por supuesto tráfico de influencias contra el empresario Santiago Santana Cazorla y el ex jefe del gabinete del presidente del Gobierno Salvador Iglesias. Ni el juez ni la fiscal ven delito en sus conversaciones.

El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santa Cruz, Juan Carlos González Ramos, dictó el pasado 30 de diciembre el auto que acuerda el sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas contra el empresario grancanario Santiago Santana Cazorla y contra el que fuera jefe del gabinete del presidente del Gobierno de Canarias –siendo titular del cargo Adán Martín–, Salvador Iglesias, denunciados por la Brigada de Información de la Policía Nacional como supuestos autores de un delito de tráfico de influencias.

La Policía basaba su denuncia en el contenido de una conversación telefónica intervenida a Santana Cazorla en el contexto de la llamada operación góndola, en la que el promotor le preguntaba a Iglesias cómo iban los trámites del expediente de Anfi Tauro.

«De dichas conversaciones», dice el auto, «no se derivan indicios de que Salvador Iglesias se haya prevalido de las funciones propias de su cargo y haya instigado o influido a otro funcionario público para que adopte una resolución que favorezca a Santiago Santana Cazorla». «Ni Santiago [Santana] le pide de una forma instigadora a Salvador [Iglesias] una actuación influyente y directa en la resolución del asunto ni éste le promete que vaya a conseguir una resolución favorable prevaliéndose del puesto jerárquico que en la administración ocupa», expone.

El caso que llegó hasta Adán.

El sobreseimiento provisional de la causa contra Santana Cazorla y Salvador Iglesias cierra uno de los más sonados episodios de crispación en la vida pública del Archipielago en los últimos años, cuando la Brigada de Información, entonces bajo la batuta directa del jefe superior Narciso Ortega, grabó una conversación entre Santaan Cazorla y el presidente del Gobierno Adán Martín y se la remitió al juez. Aquel pinchazo también fue archivado.

La fiscal no vio "rasgo alguno de presión".

La autoridad judicial entiende que en las conversaciones pinchadas por la policía entre Salvador Iglesias y Santiago Santana Cazorla en febrero de 2007 lo único que se aprecia es que «Salvador da a conocer a Santiago determinadas dificultades en la tramitación de los expedientes en lo que está interesado, manifestándole su optimismo acerca de que los mismos lleguen a buena puerto, sin que prometa en ningún momento que gracias a su posición jerárquica en la administración la resolución no podría ser otra que favorable a sus intereses».

Recuerda el juez que el Código Penal considera que se cumplen los requisitos del tráfico de influencias cuando un particular o funcionario «pretende incidir en la voluntad de otro funcionarios público prevaliéndose buen de la relación puramente personal, bien de una relación jerárquica», circunstancia que, a juicio del instructor, no concurren en el caso.

Tampoco vio ningún indicio del delito tipificado la fiscal anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés Martínez Frígola, que informó a favor del sobreseimiento provisional al entender que en las conversaciones no se aprecia «rasgo alguno de presión» de Iglesias sobre cualquier funcionario.