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Anulada la licencia de Las Torres del Canódromo

Anulada la licencia de Las Torres del Canódromo

J.D. / G.H.M.

Jueves, 1 de enero 1970

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La licencia de obra mayor otorgada por el Ayuntamiento de la capital grancanaria a Realia para construir las dos torres del canódromo ha sido anulada. Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso número dos da la razón de nuevo al colectivo de Avecalta.

La licencia de obra mayor de las torres del Canódromo fue concedida por el Ayuntamiento capitalino a Realia el 21 de maro de 2006. La sentencia conocida ayer responde al recurso interpuesto por la asociación de vecinos Avecalta del mismo modo que se habían recurrido antes el Plan Especial y las determinaciones del Plan General de Ordenación que justificaron el desarrollo del convenio urbanistico firmado en su día por la Corporación municipal (entonces gobernada por el PP) para convertir en suelo público el solar que hoy ocupa el Parque del Canódromo.

La resolución judicial, pronunciada ahora en primera instancia, se limita a suscribir los argumentos expuestos por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en las dos sentencias previas que anularon el Plan Especial, la primera de ellas fechada el 3 de septiembre de 2007, y la segunda, a instancias de la citada asociación, el pasado 10 de enero. De hecho, el texto de la sentencia conocida ayer transcribe en 13 folios las consideraciones ya expuestas en las anteriores sentencias del caso, y considera nula la licencia de obra mayor al compartir «plenamente los argumentos expuestos por la Sala respecto a la ilegalidad tanto del Pan Especial como del PGO de Las Palmas, disposiciones al amparo de las cuales se dictó la que es objeto de impugnación en este juicio». Por ello, «procede igualmente declarar la ilegalidad» de la licencia, «y la consiguiente anulación».

Mba y Tetares, testigos.

El juez que instruye la querella presentada contra la anterior alcaldesa de la ciudad, Pepa Luzardo, y su concejal de Urbanismo, Felipe Afonso, ha citado como testigos para el próximo miércoles 8 de octubre al que fuera responsable de los Servicios Jurídicos y actual director general de Ejecución Urbanística, Antonio Sánchez Tetares, y al secretario general técnico de la Junta de Gobierno, Felipe Mba.

El Ayuntamiento anuncia recurso.

El concejal de Urbanismo de Las Palmas de Gran Canaria, Néstor Hernández, confirmó ayer que el Ayuntamiento recurrirá la sentencia que anula la licencia concedida por el anterior grupo de gobierno para la construcción de las torres del Canódromo. El edil expresó su «absoluto respeto a las iniciativas ciudadanas, y a los pronunciamientos de los tribunales, en plural», antes de recordar que pertenece a un gobierno municipal «que gobierna», acción que significa «tomar decisiones». Por ello, desde que se conoció el texto de la sentencia «la hemos estudiado con atención, y con toda la seguridad jurídica y la urgencia que requiere el caso».

La decisión de recurrir la sentencia conocida ayer se tomó en consonancia con la estrategia seguida tras la anulación del Plan Especial dictada en enero pasado por la Sala de lo Contencioso del TSJC, que actualmente está pendiente de lo que resuelva el Tribunal Supremo. Hernández advirtió de que, a diferencia del conflicto del Plan Especial, el recurso contra la anulación de la licencia se agota en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, por lo que «convendría esperar a conocer el resultado del litigio sobre el Plan Especial antes de convertir en definitivo el proceso de la licencia».

En todo caso, el concejal de Urbanismo recalcó que de no agotar la vía judicial, «las indemnizaciones serían millonarias y gravarían los intereses de todos los ciudadanos y los intereses generales del Ayuntamiento». Del mismo modo, precisó que «conviene no confundir más a la ciudadanía con la complejidad jurídica de este asunto, que mantiene en el aire una de las principales iniciativas urbanísticas heredadas del mandato del Partido Popular. Las obras de las dos torres del Canódromo continúan a buen ritmo, de tal forma que desde que se conoció la anulación del Plan Especial en enero, se ha completado la mitad del proyecto.

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