Ángeles y demonios del Icfem

15/06/2008

Aquella mañana de 2005, Francisco Rodríguez Batllori atravesó el umbral de los juzgados de Granadera Canaria ufano, orgulloso de ese gracejo andaluz que exagera cuando el viento sopla a favor. Quienes lo conocen dicen de él que «es un artista»; sus críticos opinan obviamente lo contrario: «Se salvó él, nada más, y dejó a sus compañeros de Coalición Canaria solos ante el peligro».

El mismo entusiasmo demostró José Carlos Francisco. Más discreto y glamuroso que Batllori, el ex consejero de Economía y Hacienda logró eximirse de la instrucción judicial del Icfem gracias al Tribunal Superior a través de un auto «salpicado de suspicacias políticas», según fuentes jurídicas.

En el otro consejero hoy en solfa tras la resolución de la Audiencia de Las Palmas que obliga a revisar todos los cursos de formación, Marcial Morales, influyó la suerte. Quiso el azar que las pesquisas del entonces fiscal, Valentín Ruiz, recayeran en exclusiva en el director general del Instituto, Diego León, de ahí que su exclusión del

La situación judicial en la que quedaron estos tres consejeros que conocían en profundidad las entrañas del Icfem, acredita que este voluminoso caso (120.000 folios de sumario) es, en esencia, una historia de vencedores y vencidos, de exculpados e imputados en función de las circunstancias políticas que operaban en los 90 en Canarias.

Cuando saltó el caso, Tindaya estaba a punto de incendiar el Parlamento. Todo lo que tenía olía a mauricismo cobraba una especial relevancia para el Partido Popular y los opositores que el conseguidor arrastraba en el interior de CC. «Los seis imputados estaban en el lugar inadecuado en el momento más inoportuno», destaca uno de los abogados de la causa.

¿Por qué el juez procesó a unos políticos y eximió a otros? ¿Por qué la Fiscalía Anticorrupción relevó al fiscal cuando faltaban semanas para concluir la instrucción? ¿Por qué cayó en el escrito de acusación el delito de malversación que ahora obliga a investigar la Audiencia?

Con el reinicio del caso se ha abierto una guerra en el cielo de la política canaria. Si el fiscal, Luis del Río, diligencia nuevas actuaciones se librará una lucha titánica entre ángeles y demonios de una obra inacabada que muchos ex altos cargos del Gobierno daban por cerrada. Saldrán de sus escondrijos actores públicos y privados que saben tanto o más que los encausados. Se puede investigar, incluso, porqué el Gobierno canario convalidó en 1998 cursos por valor de 3.000 millones de las antiguas pesetas y por qué algunos expedientes quedaron fuera, como la Asociación de Empresarios de la Construcción, la Federación del Metal o el sindicato Comisiones Obreras.

A los seis imputados (un ex consejero y cinco ex directores generales) les unía un vínculo de sangre: haber profesado lealtad al Partido Comunista; si acaso, el majorero Tomás Quesada de Saa era el más descafeinado de todos en el abrazo a la hoz, el martillo y el Ché. Pero su exclusión hubiera sido errática para la estrategia del Ministerio Público. Quesada dirigió el Icfem entre 1993 y 1995, año de inicio del Instituto y sin esos ejercicios no exitía caso. ¿Por qué?

La razón es tan sencilla que todavía hoy el sumario del caso no da respuesta.

En 1996, el entonces director general, Aurelio Ayala, percibió que muchos expedientes no se ajustaban a la normativa a la hora de justificar el dinero de los cursos. Alertó al consejero, Víctor Díaz, y dio cuenta al partido de la necesidad de cumplir la Ley. Tuvo vía libre.

Ayala inició una cruzada para recuperar el dinero indebidamente justificado. El Boletín Oficial se llenó de órdenes de reintegro hasta alcanzar los 6 millones de euros.

Las alarmas saltaron en Canarias. La tela de araña con ayutamientos, sindicatos, empresarios y academias construida por Batllori para garantizar la paz social a base de cursos, permeabilizaba a la toda sociedad isleña, que comprobaba cómo los fondos europeos para formación era una vía de ingresos ilimitada; en sus 15 años, el Icfem ha gestionado más de 300.000 millones de las antiguas pesetas.

Víctor Díaz recibió presiones de CC, Parlamento, corporaciones locales, empresarios y centrales sindicales. «Hay que frenarse un poco». Ayala se resistía. «Vamos hasta el final. Se trata de dinero público». Ayala fue sustituido en 1998 por Francisco Zumaquero, que también siguió con los reintegros.

Ese año, CCOO sufre una fuga. Un grupo de militantes se muestra disconforme con el secretario general, Manuel González Izquierdo, por quebrantar la autonomía de una de las federaciones a la hora de gestionar los cursos. Izquierdo corta por lo sano y expedienta a los discrepantes. Uno de ellos, Herman Dait, se rebela y va al juzgado. Justicia y Sociedad aprovecha la coyuntura y se mete en una batalla que el abogado Kino Sagaseta define como «la madre de todas las corrupciones».

La demanda acaba en el juzgado número 6 de Las Palmas. La causa se convierte en el gran caso político-judicial de tres legislaturas. Se imputa a todo el consejo de administración (22 personas), pero al final, casi todos se salvan a excepción de seis, estigmatizados por sus siglas.