500 atraques bloqueados

06/12/2006

500 atraques en un muelle deportivo cuya inversión ronda los 55 millones de euros quedaron congelados con la investigación judicial en Fórum Filatélico por una presunta estafa. Ahora esa investigación da un giro ante un presunto cohecho que salpica al alcalde de Santa Cruz y el presidente de la Autoridad Portuaria.

El juez Baltasar Garzón apuntaba en su auto del pasado lunes a dos operaciones urbanísticas llevadas a cabo por la entidad Parque Marítimo Anaga SA, propiedad de la filial urbanística de Fórum Filatélico Grupo Unido de Proyecto y Operaciones SA, por las que supuestamente se habrían pagados cuantiosas comisiones al alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, al presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Suárez Trenor, a una asesora del alcalde y al presidente de la asociación de vecinos del barrio capitalino de San Andrés. Los presuntos sobornos para Coalición Canaria se cifraron en tres millones de euros.

La operación más discreta hace referencia un convenio urbanístico en Valle Tahodio; la más llamativa, al logro de una concesión administrativa para construir el puerto deportivo de San Andrés, en el que se iban a invertir 55 millones de euros.

La Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife otorgó en febrero de 2002 la concesión administrativa a la entidad Parque Marítimo Anaga SA, que la solicitó meses antes, para la construcción y gestión del puerto deportivo durante 30 años. Sin embargo, tras una modificación radical del proyecto en 2004, las obras se paralizaron en junio pasado, oficialmente porque están «pendientes de una posible nueva tramitación», según dijo el lunes Luis Suárez Trenor, quien en junio advirtió de que la Autoridad Portuaria estaba trabajando en el rescate de la concesión administrativa después de que se conociera que Parque Marítimo Anaga era una empresa de la filial de Fórum Filatélico.

Descomunal.

El proyecto inicial para el litoral de San Andrés contemplaba la creación de un muelle con 645 atraques en una superficie de cerca de 300.000 metros cuadrados. Pero la presión social, contraria a la creación de semejante marina frente al barrio marinero, que llevaba décadas demandando un refugio pesquero, provocó un replanteamiento del proyecto y su reducción a 150.000 metros cuadrados de superficie para actividades complementarias, 125.000 metros cuadrados de superficie de agua y capacidad para 500 embarcaciones. Cada atraque, según la memoria del proyecto, costaría 120.000 euros.

También se alejó el proyecto del litoral de San Andrés, rodándose el grueso de la obra hacia la Dársena de Pesca y el nuevo espacio creado para que se instalen empresas de la Zona Especial Canaria (ZEC) del puerto de Santa Cruz, con lo que no se cumplió con el compromiso adquirido con los vecinos y pescadores del barrio de crear el demandado refugio pesquero, reservando una mínima parte de la marina, en una zona abierta al norte para el atraque de los barcos de pesca.

Sospechas.

La concesión administrativa a Parque Marítimo Anaga SA para construir una marina en San Andrés despertó muchas sospechas no sólo entre los vecinos sino en quienes estaban observando por parte de la Autoridad Portuaria una supuesta operación para, con la construcción de este puerto deportivo y del de Valleseco, cercenar cualquier posibilidad de expansión del puerto capitalino y, además, impedir en el segundo de los casos la operatividad comercial e incluso turística del puerto.

El presidente de la Plataforma en Defensa del Puerto de Santa Cruz, Cándido Quintana, tiene claro que detrás del puerto deportivo de San Andrés, hay una «operación turbia» porque, según dice el portavoz de la plataforma y expresidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Anatael Meneses, «si no, no se explica que la Autoridad Portuaria dijera en Bruselas que técnicamente nos posible ampliar el puerto de Santa Cruz por el norte como alternativa al puerto de Granadilla cuando ya había autorizado la construcción de una marina deportiva justo en el lugar donde se planteaba la ampliación del puerto».

La intervención judicial de Fórum Filatélico ha bloqueado de momento un proyecto que preveía beneficios millonarios, más por la actividad complementaria comercial y de ocio que por la deportiva. El promotor del proyecto, José Ana Pérez Labajos, poseía hasta 2004 un importante porcentaje de acciones de Parque Marítimo de Anaga a través de la empresa Coinpel, de la que era presidente y cuyo administrador único, Juan José Domínguez, también está en el auto de Garzón. El 42,08% era de Grupo Unido de Proyectos y Operaciones, que en 2004 firmó en dos contratos para hacerse con resto de capital de Parque Marítimo de Anaga, absorbiendo Coinpel y pagando casi 11 millones de euros por esta operación. Los destinatarios últimos del dinero, son supuestamente dos sociedad extrajeras (Dean Bradley Corp. y Dumar Insvestment) que, a su vez, figuran como accionistas de Coinpel.