300 apartamentos del Sur se comercializan de forma ilegal

Gabriel Súarez
GABRIEL SÚAREZ

Las cifras sobre la comercialización de apartamentos turísticos de forma clandestina en el Sur escandalizan. La Asociación de Empresarios de Bungalows y Apartamentos Turísticos ha denunciado ante el Gobierno de Canarias que existen más de 300 en esas condiciones que mueven unos 28 millones de euros anuales. El presidente de la Asociación de Empresarios de Bungalows y Apartamentos Turísticos (AEBAT), Luis Bravo de Laguna, lleva desde julio del pasado año denunciando ante la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias lo que considera es una de las peores lacras que afectan a la industria turística: la comercialización de forma ilegal de apartamentos en unos 300 complejos. Según Bravo de Laguna, se da la paradoja de que «existen muchos complejos de apartamentos que funcionan con explotadores legales pero con ilegales dentro», una situación que es denunciada por los propios explotadores y que se presta a la confusión, asegura el presidente de la AEBAT, quien ha puesto en manos de Turismo una lista de 688 enlaces a páginas webs donde se alquilan apartamentos fuera de la normativa turística de Canarias. La actividad de esta economía sumergida, que calculan mueve unos 28 millones de euros mensuales, también ha sido denunciada ante la Delegación del Ministerio de Hacienda y Agencia Tributaria en dos ocasiones, en agosto y noviembre del pasado año. La AEBAT adjuntó todas las instancias que han presentado en la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, pero hasta el momento no han obtenido respuesta. «Ese dinero, que en su mayor parte se queda en origen, esto es en el país de procedencia del cliente que viene de vacaciones, no tributa en la Hacienda canaria ni en la estatal y por lo tanto puede considerarse que es un dinero fuera de control», afirma. Pero la cara más desagradable de esta actividad económica clandestina tiene directa relación con el empleo, que es el problema más preocupante para la economía canaria. Bravo de Laguna señala que si todos esos apartamentos ilegales entraran en el circuito regular de la comercialización turística «bien podrían crear de forma directa unos 30.000 puestos de trabajo, que buena falta le hacen a Canarias en este momento», apunta.