Una cuenta secreta en China complica los conflictos legales de Trump

En su día, distintos analistas ya advirtieron que la doble condición del líder republicano como presidente y empresario podría lastrarle en la Casa Blanca. Sus litigios incluyen desde una demanda pendiente con Hacienda por una presunta devolución ilegal de 47 millones hasta su conocido escándalo por las declaraciones de impuestos.

Trump ha sabido siempre lidiar el toro judicial a través de sus abogados personales y los de la Casa Blanca como presidente. Y es seguro que una parte -grande o pequeña- de esas demandas se quede en nada. Pero es cierto que, una vez fuera del paraguas de protección de la presidencia, el líder republicano sería vulnerable a múltiples investigaciones. Cuando fue elegido, Trump ya acumulaba un récord superior a 3.500 litigios, cosechados durante tres décadas en tribunales federales y estatales. Y nunca ha dudado en usar el sistema legal para desafiar, defenderse o incumplir pagos.

Es su entrada en la arena política -y más esta campaña- la que ha impulsado un obsesivo escrutinio sobre sus negocios desde distintas instancias políticas, judiciales, sociales y periodísticas. Y eso ha abierto la caja de Pandora a pesquisas sobre unas finanzas hasta ahora blindadas bajo riguroso secreto por parte de su tesorero.

La amenaza legal más grave que encara es una indagación del fiscal de Manhattan sobre las operaciones de la Organización Trump. Persigue la obtención de ocho años de declaraciones de impuestos y documentos sobre transacciones financieras que implicarían al presidente y sus negocios en supuestos delitos de fraude bancario, fiscal y de seguros, y falsificación de registros comerciales.

En el curso de más de un año, el equipo legal del mandatario ha impugnado las requisitorias de cinco tribunales para que entregue sus declaraciones de Hacienda. Pero hace una semana una corte federal de apelaciones denegó su último intento para negarse a dar los informes. Los abogados ya han presentado un recurso al Supremo para bloquear la ejecución de la citación y darles tiempo de apelar ante el tribunal, que ahora cuenta con mayoría conservadora. En julio, el Supremo dictaminó que el presidente no es inmune a una citación de un gran jurado estatal.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, investiga por su parte si la Organización Trump infló el valor de ciertos activos de sus empresas y los devaluó en otros para asegurar préstamos y beneficios económicos y fiscales. Entre las propiedades se examina la valoración de una torre de oficinas del líder republicano en Wall Street y la condonación de un préstamo de más de 100 millones en un hotel de su propiedad en Chicago. Los abogados acusan a la fiscal de actuar por política.

Aunque existen dudas legales sobre si un fiscal de un Estado puede presentar cargos contra un presidente en ejercicio, gran parte del cerco legal contra el candidato republicano proviene precisamente de las fiscalías de los Estados como parte de una estrategia legal para evitar el circuito judicial federal en el que Trump cuenta con ventaja, con cientos de jueces de apelaciones posicionados a su favor. Llegado el caso, el inquilino de la Casa Blanca podría aprovecharse de este circuito y utilizar el último recurso del perdón presidencial que sólo es aplicable a sentencias federales. De hecho, con el fin de beneficiarse de un entorno legal mucho más amigable, Trump ha mudado su residencia a Florida, 'exiliándose' del Estado de Nueva York, donde muchos de sus negocios se encuentran bajo esta jurisdicción.

Otro grave problema en su lista de casos judiciales es haber violado la Ley de Emolumentos que prohíbe al presidente enriquecerse con su puesto. Tanto la Fiscalía de Washington como la del Estado de Maryland le investigan en virtud de los cientos de miles de dólares que muchos gobernantes extranjeros y otros líderes han gastado en sus propiedades durante sus visitas a la Casa Blanca.

La última revelación escandalosa es del martes, cuando 'The New York Times' desveló que el mandatario mantiene una cuenta bancaria oculta en China y que durante el primer año de su presidencia en 2017 obtuvo unas ganancias de más de 25 millones en efectivo provenientes de fuentes vinculadas con el gigante asiático y su Gobierno. La cuenta pertenece a Hoteles Trump. Su propietario pagó 200.000 dólares de impuestos en China, cuando en EE UU no lo ha hecho en décadas y solo en una ocasión abonó 750.

Muchos críticos piensan que los negocios de la familia Trump, y la presunta obtención de favores comerciales a cambio de otros políticos, revelan el nivel de vulnerabilidad en el que ha situado al Gobierno. Por cierto, dentro de su actividad presidencial también se enfrenta a docenas de jueces y organizaciones independientes que han interpuesto querellas para bloquear ordenes ejecutivas y políticas discriminatorias e inconstitucionales. Sólo la Unión de Libertades Civiles ha presentado 400 demandas. No por nada, Trump -que tiene un último frente abierto con varias querellas por difamación de parte de mujeres que denunciaron ser víctimas de él- ha dejado caer estos días que nadie sabe si deberá irse a vivir a otro país si pierde las elecciones.