La OCDE alerta del riesgo de limitar los precios al alquiler

Este es, precisamente, uno de los principales obstáculos para desatascar las negociaciones por la futura Ley de Vivienda, que al Ejecutivo le gustaría tener lista a lo largo del mes de junio. Unos plazos complicados teniendo en cuenta las notables diferencias que aún persisten en torno al control de precios. Por un lado, los socialistas defienden un modelo de ayudas fiscales a los propietarios que incentiven la oferta del alquiler. Por otro, Unidas Podemos sigue apoyando un límite directo al alquiler.

La cuerda entre las partes se ha tensado todavía más en los últimos días ante la posibilidad de que el PSOE recurra ante el Tribunal Constitucional la ley catalana que regula el alquiler precisamente a través de esos topes. El ministro José Luis Ábalos confirmaba este mismo lunes que resulta «imposible» no recurrir esa ley al subrayar «la anticonstitucionalidad evidente que no se puede pasar por alto».

La decisión final se tomará en el consejo de ministros de este mismo martes, aunque en todo caso no se pedirá la suspensión automática de la norma que, entre otras cosas, establece la obligación de congelar o bajar el precio de los alquileres si se detectan zonas tensionadas en las 60 ciudades catalanas que suman más de 20.000 habitantes.

En su informe 'Brick by Brick: Building Better Housing Policies' ('Ladrillo a ladrillo, construyendo mejores políticas de vivienda), la OCDE considera que establecer un tope a la subida de precios desincentiva a largo plazo la salida al mercado de muchas viviendas, con lo que la escasez acaba teniendo, precisamente, el efecto contrario: un encarecimiento de los precios.

Aunque las consideraciones del organismo son generales, los gráficos y fichas que emplean para mostrar la complejidad para el acceso a la vivienda entre los distintos países sí reflejan que España tiene una de las posiciones más difíciles dentro del análisis. La OCDE considera que una regulación estricta del alquiler puede tener impacto en la eficiencia del mercado inmobiliario, «desalentando la inversión en construcción y mantenimiento».

Por eso, apuestan por otras políticas mucho más eficientes a desarrollar en un momento en el que, además, el organismo constata cómo la vivienda se ha ido comiendo cada vez más proporción del presupuesto de los hogares. En concreto, en 2016 (o últimos datos disponibles), las familias emplearon, de media, el 31% de sus ingresos a la vivienda. La cifra sobrepasa con creces el 24% que se dedica a ropa y comida, el 12% a ocio o transporte, el 4% a salud o el 1% a educación.

La situación se complica en las partes más bajas de renta. Por ejemplo, en España, un 46% de los hogares con menos ingresos destinan más del 40% de su presupuesto a la vivienda. La media para este grupo dentro de la OCDE es del 37%.

Bajo este escenario, la OCDE considera que una de las medidas que más puede ayudar a reducir esa brecha es el desarrollo de la vivienda social. De hecho, España suspende en esta asignatura respecto a las políticas empleadas en otros países de su entorno. El país apenas destina un 0,1% del PIB a políticas de vivienda en su conjunto, frente a la media del 0,32% o el más del 1,5% que presentan regiones como, por ejemplo, Reino Unido.

Eso sí, los datos de la OCDE se refieren a 2018, con lo que no tienen el aumento del gasto en los Presupuestos Generales del Estado y las inversiones previstas para el sector con los fondos europeos.

En concreto, el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se ha comprometido a elevar el número de viviendas con alquiler asequible hasta alcanzar un total de 100.000, multiplicando por cinco el objetivo inicial del Gobierno. En concreto, y según detalló Ábalos durante una intervención en el Congreso, el plan del Gobierno pasa por desarrollar un parque público de 44.000 viviendas sociales, a las que se sumarían otras 56.000 de colaboración público-privada.