En más de media España se alquilan pisos turísticos: el 'boom' tras la pandemia

Los datos del INE, estimados a partir de la información disponible en las tres plataformas de alojamiento turístico más utilizadas, revelan que el 61% del total de municipios en España cuenta con viviendas turísticas, con algunas zonas mucho más tensionadas que otras. Así, en 70 de los 8.115 municipios españoles analizados al menos el 10% de las viviendas totales son de uso turístico (respecto del censo de viviendas de 2011), mientras que 3.000 no tiene ninguna en su territorio, la mayoría en zonas de la España vaciada.

El problema son esos 70 municipios donde la vivienda turística representa un alto porcentaje del total, nueve de ellos por encima del 20%. Los cuatro más tensionados son Sales de Llierca (Girona), La Oliva (isla de Fuerteventura), Búger (Mallorca) y Ariany (Mallorca), donde al menos una de cada cuatro viviendas censadas están destinadas a vivienda turística. Destaca el hecho de que tres de estos cuatro municipios están en las islas.

Ante esta situación, algunos ayuntamientos están tomando la iniciativa. Más allá de la decisión del gobierno municipal de Baleares en 2018 de prohibir los pisos turísticos en Palma -algo que acaba de respaldar el Tribunal Supremo-, el de Valencia también ha restringido los apartamentos turísticos en el centro, la Junta de Andalucía ha modificado un decreto para habilitar a sus ayuntamientos a que limiten las viviendas con fines turísticos, y el ayuntamiento de Toledo acaba de anunciar que pondrá coto a estos alojamientos y solo permitirá que estén en bajos y primeras plantas dentro del casco histórico.

«Las viviendas turísticas son muy rentables para sus propietarios pero despersonalizan el centro de las ciudades, quitan identidad a los barrios y generan problemas sociales», explica José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, la patronal turística.

Advierte de que el nuevo reglamento que está preparando Europa sobre viviendas turísticas se quedará «muy cojo» ya que las plataformas no tendrán que comprobar los requisitos de cada alquiler. «Es solo dar medio paso adelante», destaca Zoreda, que explica que con esta nueva norma las plataformas se comprometen a comprobar «aleatoriamente» si el número de registro de alguno de sus pisos coincide con los datos de la autoridad competente en cada país. «Millones de transacciones seguirán en el limbo», asegura.

Tampoco ayuda que la nueva Ley de Vivienda que lleva negociándose desde hace meses y que está cerca de acordarse no tiene «ninguna referencia» a los alquileres turísticos, lamenta Zoreda.

A simple vista podría parecer un problema que afecta sobre todo a los destinos de sol y playa, como son los archipiélagos o la costa levantina. Sin embargo, esta situación comienza a extenderse a todo el territorio. Es más, zonas donde históricamente el turismo no ha sido su principal actividad, con la pandemia este sector despegó y con él la proliferación de las viviendas turísticas.

Es el caso de Asturias y Cantabria, que han pasado de tener censadas poco más de 4.000 viviendas de uso turístico en 2020 a superar en ambos casos las 6.000 en 2022.

Algunos municipios, como Cangas de Onís, Ribadesella o Santillana del Mar rondan el 9% de viviendas turísticas sobre el total de viviendas censadas en esos territorios por el auge de los visitantes en los años de la pandemia hacia estas zonas de España.

Destaca el caso de provincias de interior como Jaén o Lugo, cuyos incrementos han sido de más del 40% en solo dos años.

Provincias como Huesca o Lleida han registrado alzas mucho menores (del 5% y 2%, respectivamente), pero con puntos muy tensionados en ciertas partes del Pirineo y la zona norte de Aragón y Cataluña, donde Alquézar (Huesca) llega a superar el 18% de viviendas turísticas sobre el total o el Alto Arán roza el 16%.

El informe ReviTUR de Exceltur revela que en los últimos diez años se ha detraído el 6% del total del parque residencial de los barrios de mayor atractivo turístico, lo que supone la salida de más de 60.000 viviendas en seis ciudades analizadas por la patronal (Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, Valencia y San Sebastián).

Por un lado, según los datos analizados en la estadística elaborada por el INE, en un 30,2% de los municipios han aumentado las viviendas turísticas entre 2020 y 2022 (21.526 casas más en 2.451 localidades).

Por otro lado, en un 22,5% de los municipios (1.826) este dato se ha reducido, con 31.504 menos. Así, en total, España ha pasado en dos años de tener 321.496 viviendas de uso turístico a 311.518 (-3,1%).

Y a menor oferta, mayores precios. Los precios de compra de viviendas de estas zonas de mayor implantación de las viviendas de uso turístico subieron en media un 9,1% en los últimos diez años, frente al leve 0,5% del conjunto de los barrios no turísticos de las mismas ciudades. En consecuencia, los residentes de estas zonas descendieron en el mismo periodo casi un 3%, según el censo de población.

Ante la escalada de los precios de la vivienda en Canadá, el pasado 1 de enero el Gobierno de Justin Trudeau decidió prohibir la compra de bienes inmuebles a los extranjeros en el país. El país ha sufrido un encarecimiento medio del 44% en los últimos dos años, con las ciudades de Vancouver y Toronto como las más afectadas. La disposición, que tendrá una vigencia de dos años y multará hasta con 7.000 euros a los extranjeros que compren como a los que ayuden en la transacción, no afectará a los residentes permanentes en el país ni a los estudiantes extranjeros, titulares de permiso laboral y solicitantes de asilo.

La iniciativa, aprobada en el Parlamento canadiense el pasado mes de junio, se asemeja a la dictada en Nueva Zelanda que lleva en vigor desde agosto de 2018 con el mismo objetivo. «La vivienda no debe ser solo una propiedad. Está pensada para vivir en ella: un lugar donde las familias puedan echar raíces, crear recuerdos y construir una vida en común», señaló Ahmed Hussen, ministro federal de Vivienda, Diversidad e Inclusión de Canadá en un comunicado.