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Silvia Fernández Las Palmas de Gran Canaria
El secretario general de UGT en Canarias, Gustavo Santana, exige al Gobierno de Canarias más control sobre los incentivos a la contratación para evitar que se produzcan «usos abusivos». Según sospecha Santana, las «fisuras» que existen en torno a los requisitos y obligaciones exigidas para beneficiarse de estos incentivos están provocando el efecto contrario al que fueron creados. En sus palabras, lejos de fomentar la contratación indefinida y beneficiar a los trabajadores canarios, están precarizando aún más el mercado laboral y provocando la sustitución de unos trabajadores por otros.
El secretario general de la UGT de Canarias carece de datos sobre la continuidad en los puestos de trabajo de los empleados contratados con incentivos a la bonificación -que implican menos coste a la Seguridad Social- una vez que acaba el período de la ayuda porque, pese a habérselo pedido, el Gobierno de Canarias no le ha facilitado los datos. Sin embargo, «sus sospechas» apuntan a que dejan de trabajar una vez concluye el incentivo. «No podemos acusar de nada a nadie porque no tenemos datos pero sí sospechas», afirma.
Además, según indica, tal y como están redactadas las distintas órdenes que recogen los incentivos a la contratación, en muchas ocasiones se permite que en un plazo corto de tiempo se pueda sustituir a trabajadores a los que se acaba la bonificación por otros que reciben una nueva ayuda. «Los programas de incentivos a la contratación laboral recogen en muchos casos como obligación para el empresario que tenga el mismo número de plantilla antes y después de recibir los incentivos. Fácilmente se puede mantener la misma cifra pero cambiando a distintos trabajadores. Hecha la ley, hecha la trampa», indica.
El sindicato UGT ha elaborado un informe sobre los incentivos a la contratación que arroja una conclusión «preocupante»: estas ayudas suponen un abultado ahorro para los empresarios en los pagos a la Seguridad Social y cuando llega su finalización, permiten echar gratis al trabajador con los 33 días de un despido improcedente «y además ganan dinero».
El sindicato ha realizado tres simulaciones sobre tres convenios distintos. Uno de ellos es el Hostelería de la provincia de Las Palmas.
UGT simula la contratación de una mujer parada de larga duración, lo que da pie a acogerse a incentivos. Partiendo de la base de que la bonificación del contrato es por tres años, la empresa se ahorrará en pagos a la Seguridad Social en esos tres ejercicios un total de 9.921,69 euros.
Transcurrido el tiempo de la bonificación la empresa puede decidir su despido. Si fuera improcedente el trabajador sería indemnizado con 5.380,58 euros, lo que dejaría un saldo positivo para el empresario de 4.541 euros.
En el caso del convenio de Hostelería de Tenerife y partiendo de una simulación similar, esto es, un contrato bonificado, el empresario se ahorraría en costes a la Seguridad Social en el conjunto de los tres años 7.817,26 euros. Si transcurrido este tiempo, la empresa decidiera despedir al trabajador le costaría 4.238 y aún le quedarían 3.578 euros.
«El Servicio Canario de Empleo debe vigilar esto y tener controlado qué sucede con los contratos bonificados cuando acaban las ayudas para impedir que haya fraude», indica Santana. El tercer convenio analizado es el de oficinas y despachos de Tenerife. En tres años, las empresas se ahorran en pagos a la Seguridad Social 8.458. Si a los tres años y un mes quieren despedir al trabajador deberán abonarle 4.587 euros, lo que arroja un saldo positivo para la empresa de 3.870 euros.
«Nosotros creemos que las bonificaciones a la contratación tenían sentido en la crisis, cuando a las empresas les costaba contratar, pero no ahora, que la situación económica va mejor y las empresas están ganando dinero», manifiesta.
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