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La ministra de Trabajo, yolanda Díaz. efe
Yolanda Díaz desmiente a Cepyme: «No vamos a prohibir la subcontratación»

Yolanda Díaz desmiente a Cepyme: «No vamos a prohibir la subcontratación»

La vicepresidenta carga contra Cuerva por decir que su propuesta de reforma laboral acabaría con la externalización y con las pequeñas y medianas empresas

Lunes, 26 de julio 2021, 13:23

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«El Ministerio de Trabajo en ningún caso va a prohibir la subcontratación en nuestro país». Así de tajante se mostró este lunes la vicepresidenta segunda y ministra del ramo, Yolanda Díaz, durante una rueda de prensa en la que presentó una campaña de la inspección contra los golpes de calor. Era su respuesta a unas declaraciones que realizó el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva, en una entrevista al periódico Expansión, en la que denunció que «la reforma laboral que plantea el Gobierno acabaría con la subcontratación y con la pequeña y mediana empresa».

La ministra de Trabajo manifestó su enfado por estas afirmaciones y negó la mayor. «Quiero aprovechar para desmentir afirmaciones que no tienen nada que ver con la realidad. Es imposible trabajar en el siglo XXI sin la colaboración de la subcontratación», precisó Díaz, quien dijo que de lo que están hablando es de la temporalidad en el empleo.

Trabajo enviará 137.500 cartas a empresas para advertirles de multas de hasta 820.000 euros si no protegen a sus empleados del sol

La diputada gallega mostró su «sorpresa» por estas palabras y dijo que eso significa o bien que no se han leído los textos de la propuesta de contrarreforma laboral que ha hecho el Ejecutivo o que tienen un «desconocimiento» sobre la materia. Por eso, pidió al vicepresidente de Cepyme que rectifique: «Le pediría con cariño, con el cariño que le tengo, que seamos rigurosos».

Sin embargo, lejos de desdecirse, desde Cepyme se reafirmaron: la reforma laboral que plantea Yolanda Díaz acabaría con la subcontratación, por lo que desaparecerían cientos de miles de pequeñas y medianas empresas, según manifestaron a este periódico fuentes de la patronal.

A su juicio, la propuesta que hace el Ministerio para limitar las actividades de externalización la «obstaculiza al máximo», hasta tal punto de que «eso significa acabar con la subcontratación en España, lo que supone una consecuencia directa para las pymes».

Asumir las deudas de la subcontrata

¿Cuáles son esos obstáculos a los que se refiere Cepyme? Uno de los que más preocupa -y que adelantó el mes pasado este periódico- es que la empresa principal deberá asumir las deudas o impagos que tenga la subcontrata, según refleja el borrador de la contrarreforma. Esto es así porque plantea que exista una responsabilidad subsidiaria de la empresa principal en caso de que la actividad desarrollada por la compañía contratista o subcontratista no forme parte del ciclo productivo de la empresa principal, de modo que tendrá que asumir las obligaciones referidas a la Seguridad Social contraídas por las contratistas y subcontratistas durante el periodo de vigencia de la contrata.

Además, para frenar los bajos salarios que suelen operar en estas empresas de externalización de servicios, el Ejecutivo propone que el convenio colectivo de aplicación sea el del sector de la actividad ejecutada en la contrata o subcontrata. Solo podrá aplicar el convenio propio en el caso de que garantice, como mínimo, los mismos derechos que el convenio sectorial que corresponda a la actividad ejecutada en la subcontrata. «Una pyme no puede cambiar unas condiciones para cada trabajo que va a hacer», advirtieron desde la patronal.

Por último, elimina el contrato de obra y servicio que tanto utilizan estas empresas, para acatar la sentencia del Supremo, y solo podrán utilizar contratos temporales en el caso de que tengan que suplir alguna baja o excedencia.

«Si se les encarece tanto, a la gran empresa le va a resultar más fácil contratar a sus propios trabajadores y dejar a la pyme sin trabajo», denunciaron desde Cepyme.

Por otra parte, la ministra anunció una campaña en la que enviarán más de 137.500 cartas a empresas de la construcción y la agricultura para advertirles de multas de hasta 820.000 euros si no protegen a cerca de un millón de trabajadores de los golpes de calor.

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