El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en un encuentro informativo. / efe

Trabajo evita concretar fecha y cuantía para el nuevo salario mínimo en 2022

Los sindicatos exigen al Gobierno que cumpla de inmediato el compromiso adquirido en septiembre por el propio presidente para situarlo en los 1.000 euros y que se haga con efectos retroactivos

Lucía Palacios
LUCÍA PALACIOS Madrid

La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, evitó este miércoles dar una fecha para iniciar la negociación del nuevo Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para este año así como concretar la cuantía que pondrá encima de la mesa del diálogo social. Y eso pese a que se había comprometido el pasado septiembre con los sindicatos –cuando pactaron subirlo a 965 euros con la oposición de la CEOE– a situarlo ya en enero en 1.000 euros al mes (repartidos en 14 pagas), según sostienen las organizaciones de los trabajadores.

Es más, UGT reiteró este miércoles que se trata de un compromiso de todo el Ejecutivo que suscribió el propio presidente, Pedro Sánchez, por lo que desde los sindicatos no se plantean otro escenario diferente. «Los 1.000 euros es un compromiso real del Gobierno del mes de septiembre. No del Ministerio de Trabajo, del Gobierno, incluido el presidente», afirmó en un encuentro con periodistas el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que estimó que afectará a unos cuatro millones de trabajadores.

Sin embargo, la ministra de Trabajo no mencionó durante una entrevista en TVE este compromiso que no llegó a rubricarse por escrito en ningún documento y dejó la puerta abierta a pactar otra cantidad diferente al remitirse simplemente al informe que elaboró el comité de expertos y que recomendó elevar las rentas más bajas entre 24 y 40 euros en 2022, lo que supone colocarlo en una horquilla de entre 989 y 1.005 euros. «El objetivo yo creo que está explicitado, hablo a través de documentos, en el comité de expertos», sostuvo Díaz, quien sí aseguró que convocará la mesa del diálogo social para abordarlo «enseguida».

Y así lo esperan los sindicatos, que confían que sea esta próxima semana como tarde, porque tanto UGT como CC OO avisaron este miércoles que no tolerarán que el incremento para 2022 se retrase como sucedió el año pasado. «Es evidente que el SMI tenía que haber subido el 1 de enero a 1.000 euros. No ha subido, queremos pensar por la intensidad de la negociación de la reforma laboral, ahora no vamos a esperar más», advirtió Álvarez, quien amenazó con una «respuesta contundente», con un calendario de movilizaciones, si no se pone en marcha ya. E incluso fue más allá y apostó por fijar ahora el incremento para 2023, que considera tiene que ser 1.063 euros, para cumplir con el compromiso del Gobierno de coalición de que sea el 60% del salario medio.

En esta misma línea se manifestó su homólogo de CC OO, Unai Sordo, que dejó claro que es «absolutamente descartable un escenario como el del año pasado (cuando se mantuvo congelado hasta el mes de septiembre), al menos con nosotros». «No sé si será el 26 de enero o el 5 de febrero, pero tiene que ser de forma rápida y para que rija en todo el 2022 o se va a encontrar con la oposición radical de CC OO», precisó.

De igual manera, ambos sindicatos emplazaron a la CEOE a negociar un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) este mismo mes o en febrero, una vez se resuelva el trámite parlamentario de la reforma laboral. Sin embargo, no quisieron adelantar una cifra o porcentaje para la subida salarial hasta que sea consensuada entre ambas organizaciones. Sí avanzaron que en ningún caso los trabajadores podrán perder poder adquisitivo y por eso pedirán una subida salarial ligada al IPC y que incluya una cláusula de garantía salarial, para su revisión en caso de que la inflación suba más. «Los trabajadores no se van a resignar a tener un aumento del 1%, 2%, cuando tenemos una inflación del 6,7%», denunció Álvarez.

En este sentido, UGT pidió al Gobierno que «se ahorre consejos», en referencia a las palabras de Pedro Sánchez en las que recomendaba que no se trasladaran las subidas de precios a los salarios, y le lanzó un claro mensaje: «No puede pedir a los ciudadanos que no se traslade la inflación a los salarios, no les puede pedir que puedan comprar menos, poner menos tiempo la calefacción como consecuencia de que sus salarios pierdan poder adquisitivo».