La huelga general cobra fuerza

El acto de la capital grancanaria fue una réplica de las movilizaciones que se celebraron en todas las capitales de provincia españolas y organizadas por los dos sindicatos mayoritarios, que reclaman el desbloqueo de los convenios colectivos y un alza salarial del 3,1%, un punto por encima del 2% que propone la patronal. En 2017 no hubo pacto salarial entre las partes y este año los sindicatos lo tienen claro: o los empresarios ceden y aceptan ese 3,1% o habrá mucha conflictividad. La posibilidad de una huelga general cobra cada vez más fuerza. «Esta vez no habrá desacuerdo pacífico», indicaron en Madrid los secretarios generales de UGT y CC OO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, y su consigna es compartida por los líderes sindicales de Canarias.

En la capital grancanaria se dieron cita ante la sede de la CCE, en la calle León y Castillo, más de cien personas de UGT, CC OO, jubilados de la Plataforma por la Defensa de las Pensiones y miembros de la Asamblea Popular de Gran Canaria, integrada por distintos colectivos sociales y vecinales. A la cabeza el secretario general de UGT, Gustavo Santana, y la secretaria insular de CC OO, Esther Ortega. Ambos intentaron entregar en mano a los responsables de la CCE un diploma «a la avaricia empresarial» y un documento en el que recogían sus reivindicaciones.

Sin embargo, no fueron recibidos por nadie. La puerta que se instaló en la CCE después de que el 8 de marzo de 2012 un grupo de sindicalistas de Intersindical Canaria irrumpiera en la sede permaneció cerrada. El documento con las reivindicaciones sindicales «fue colado» por debajo de la puerta, como indicó Santana.

El presidente de la CCE, Agustín Manrique de Lara, y el secretario general de la patronal, José Cristóbal García, se encontraban de viaje en Madrid.

Desde allí restaron importancia a la movilización sindical. «Nosotros estamos sentados en la mesa de negociación y hemos hecho una propuesta del 2% que es coherente con la realidad y está por encima de la subida media del 1,5% de los convenios que se están cerrando en Las Palmas y que son casi la mitad», señaló ayer García, quien indicó que aunque la economía se está recuperando aún hay empresas en dificultades y que no pueden afrontar subidas salariales.

Para García, la movilización convocada por los sindicatos a nivel nacional es «una equivocación». En sus palabras, se trata de una acción «convocada de cara a la galería». Como ejemplo apunta que, mientras los sindicatos reclaman un 3,1% de alza salarial, en sus convenios la subida pactada es inferior: en el caso de UGT del 1,8% y del 1,9% en el de CC OO. «Piden una cosa pero aplican otra. Es hipócrita», concluyó García.

En el escrito que los sindicatos UGT y CC OO en Canarias «colaron por debajo de la puerta» de la CCE, los sindicatos acusan a la patronal de «mala praxis» al no renovarse la mayoría de los convenios colectivos, no subir los salarios acorde a los precios, no apostar por la conciliación de la vida familiar y laboral y no fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. «Perpetúan brechas salariales y abusan de los contratos temporales y a jornada parcial para principalmente, las mujeres.

Además, los sindicatos acusan a las patronales canarias de «negarse a dar estabilidad» a las plantillas y a incorporar jóvenes al mercado laboral con garantías. «Instamos para que de forma urgente se propicie y desbloquee la distribución justa de la riqueza, que es el elemento vertebrador que garantiza la efectividad del Estado Social y del Bienestar», se recoge en el documento, en el que se apunta que el problema es más acuciante en Canarias, al ser la región «con peores salarios, peores contratos y peores índices de pobreza».

El bloqueo que sufren los convenios colectivos y que denuncian los sindicatos lo avalan los datos: en 2017, según las estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, se pactaron en Canarias 132 convenios colectivos, la mitad de los que se pactaban antes de al crisis. En 2007 se contabilizaron 292.

Además, actualmente los convenios que se están cerrando son en su mayoría de empresa, donde la capacidad negociadora de los trabajadores es más limitada. De los 132 cerrados en 2017, 118 fueron de empresa.