Los inspectores de Hacienda llevan a los tribunales las oposiciones 'light'

Así lo denuncia la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, que anunció este viernes que llevará a los tribunales la convocatoria que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para cubrir 213 plazas para el cuerpo porque considera que «vulnera principios constitucionales y es un intento más de colonización de la Administración».

De las 213 plazas que salieron este viernes a convocatoria pública, 144 son de acceso libre y otras 69 de promoción interna, que abren la puerta a que funcionarios que no hayan superado la prueba para acceder al nivel A1 puedan ocupar ese puesto con una plaza interina. Además, la norma aclara que los aspirantes que ingresen por promoción interna tendrán, en todo caso, preferencia para cubrir los puestos vacantes que se oferten.

«La convocatoria es una compleja remisión normativa que parece tener la voluntad de esconderlo, pero que permite que se nombre personal funcionario interino a personas que no han aprobado la oposición ni desde luego han superado el curso selectivo en el Instituto de Estudios Fiscales que deben realizar todos aquellos candidatos que han superado la fase de oposición», advierte la Asociación. Por ello, interpondrá «de manera inmediata» un recurso contencioso-administrativo contra esta convocatoria por suponer una «quiebra de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad sobre los que se asienta la Administración Pública».

Los inspectores critican por estar «fuera de toda lógica» que «una persona, sin haber superado el proceso selectivo, pueda desarrollar una función tan sensible» como la que ellos desempeñan, para lo que se requiere ser un «funcionario independiente y altamente preparado».

Además, la asociación pone en valor que la normativa vigente restringe el ejercicio de las funciones de la Administración que supongan el ejercicio de potestades públicas a los funcionarios de carrera, excluyendo de las mismas a los interinos.

a esto se le suma que el Tribunal de Justicia de TJUE, ya en marzo de 2020, denunció el abuso de la figura del interino por la Administración española, lo que, a su juicio, «hace más incomprensible que esta práctica no solo no se reduzca, sino que pretende extenderse a áreas de la función pública en las que jamás se había utilizado».

«La posibilidad que abre esta convocatoria se juzga como una muestra de voluntad política para colonizar la Administración en general, y la tributaria en particular, mediante la incorporación masiva de interinos», denunció el colectivo.