El Gobierno subirá un 2% el sueldo de los funcionarios en 2022

Se trata de un alza que duplica con creces la que han tenido en 2021 (0,9%, la misma que los pensionistas) pero que, con la inflación por las nubes, no sirve para compensar la pérdida de poder adquisitivo que están sufriendo este año.

Los precios se han disparado un 4% (con datos provisionales de septiembre), un nivel que no se registraba desde hace 13 años, a consecuencia del encarecimiento de la luz, el gas y los carburantes. Se espera que el IPC cierre 2021 en torno a un alza media del 2,5%, aunque podría incluso ser superior si sigue creciendo tanto en lo que queda de año. Significa esto que los empleados públicos volverán a perder capacidad de compra, al menos 1,6 puntos, puesto que los precios han subido casi el triple que sus salarios.

Y llueve sobre mojado. Esta pérdida se sumará a la que ya han tenido en la última década a consecuencia de la anterior crisis económica, cuando sufrieron una merma de más del 10%. Cabe recordar que los funcionarios fueron uno de los colectivos más damnificados. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero comenzó con ellos los recortes presupuestarios: les bajó el sueldo un 5% y durante los cinco años posteriores sus nóminas estuvieron congeladas, lo que llegó a suponer un recorte acumulado de hasta un 20%. En los últimos años, a raíz de un acuerdo firmado con el entonces ministro de Hacienda Cristóbal Montoro, fueron recuperando algo del poder de compra perdido al experimentar una subida del 1,95% en 2018, del 2,75% en 2019 y del 2,3% en 2020, alzas todas superiores a la evolución de la inflación.

Pero aún así, arrastran un recorte del 10% desde 2010, en términos reales. Esta merma de ingresos oscilaría entre los 20.650 euros y los 47.660 en la última década, dependiendo de la categoría profesional que desempeñen. Supone esto el equivalente a que han trabajado gratis entre 13 y 18 meses, según un informe de CSIF.

Debido a esto, el Ejecutivo le trasladó a la Comisión Europea que, al menos hasta 2024, los salarios de los empleados públicos crecerían en función del IPC estimado, pese a que esto suponga un fuerte incremento del gasto (más de 1.250 millones extra por cada punto de subida, lo que significa más de 2.500 millones), según consta en el plan enviado a Bruselas. Organismos económicos como el Banco de España sitúan la inflación para el año que viene en el entorno del 2%, por lo que se cumpliría con este compromiso, aunque no se compensará a este colectivo de la fuerte pérdida que han sufrido en este año. Desde Hacienda, no obstante, argumentan que ya han ganado 3,7 puntos de poder adquisitivo desde que Pedro Sánchez es presidente.

Los sindicatos están molestos con esta decisión, tanto por el porcentaje de subida como, sobre todo, por las formas, por haber convocado la mesa «con urgencia y sin dar la oportunidad de negociar realmente», según denunció UGT. CSIF, sindicato mayoritario, exige que los salarios de este colectivo crezcan según la previsión del IPC y punto y medio más para compensar la desviación de este año y los recortes pasados. «La subida debe ir en consonancia con el esfuerzo que se les ha exigido durante la pandemia», incidieron. CC OO ni siquiera asistió a la reunión en protesta por lo que consideran «una farsa de negociación».

Por otro lado, el Ejecutivo sí da un primer paso para paliar la destrucción de puestos en la Administración Pública y crear empleo neto. Incluirá en el proyecto de Presupuestos para 2022 una tasa ordinaria de reposición de vacantes del 110%, que alcanzará el 120% en sectores prioritarios como la sanidad y la educación y en aquellas entidades locales que hubieran amortizado su deuda financiera a 31 de diciembre de 2021. En el caso de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y policías autonómicas y locales, la tasa de reposición será del 125%.