La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero. / E. P.

La macrooferta de empleo público se convocará antes de final de año

El Gobierno aprueba la cifra récord de 44.787 plazas pero pospone la negociación salarial de los funcionarios para después del verano

Lucía Palacios
LUCÍA PALACIOS Madrid

El Gobierno aprobó este martes, con el respaldo de los sindicatos, la mayor oferta de empleo público de la historia: 44.787 plazas, de las cuales 34.151 corresponden a la oferta ordinaria (22.009 de nuevo ingreso y 12.142 de promoción interna) y 10.636 a la oferta de estabilización de personal interino. Pero además, el Ejecutivo se comprometió a que todas las convocatorias de la oferta ordinaria, es decir, más de 34.000, estarán publicadas antes de que termine este año, tras las reiteradas denuncias de los sindicatos de que los procesos de convocatoria se eternizan y tardan incluso años en materializarse.

También la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, anunció que antes de diciembre de este año se van a publicar todas las plazas para estabilizar a los interinos que competen a la Administración General del Estado (AGE), con el objetivo de cumplir con el compromiso acordado con Bruselas de rebajar por debajo del 8% la elevada temporalidad que tiene el sector público, por encima del 32% en la actualidad (diez puntos más que el sector privado). A su vez, prometió que los procesos estarán adjudicados y solucionados antes del 31 de diciembre de 2024. «Esta oferta tenemos que solucionarla en tiempo y forma», apuntó, al tiempo que instó al resto de administraciones a que también lo haga «en los próximos días».

Montero presumió que esta oferta de empleo público récord casi duplica las plazas ofertadas en 2017 por el Gobierno de Mariano Rajoy y explicó que esto «refleja la voluntad del Ejecutivo para que las Administraciones Públicas tengan los recursos materiales necesarios y, sobre todo, en aportar por un personal cualificado y comprometido».

Reparto de plazas

La oferta ordinaria para 2022 incluye 25.471 plazas para la Administración del Estado, de las que 15.880 son de ingreso libre y 9.591 plazas corresponden a la promoción interna; 4.992 plazas para Policía Nacional y Guardia Civil (4.342 de ingreso libre y 650 de promoción interna); 1.951 para las Fuerzas Armadas (842 de ingreso directo y 1.109 de promoción interna); 1.732 para la Administración de Justicia (940 de ingreso libre y 792 de promoción interna), y cinco para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La mayor parte de las plazas ofertadas, más del 61%, se destinan a tres de las políticas más relevantes del Ejecutivo: un 27,5% a actuaciones relacionadas con la cohesión social y servicios a la ciudadanía; casi un 19% a la economía verde y sostenible, y un 14,5% a la transformación digital e innovación. Además, el 20% de la oferta libre de la AGE se destinará a perfiles STEM, es decir, los relacionados con la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

Por su parte, de las más de 10.600 plazas que componen la oferta de estabilización de personal interino, 4.692 plazas son para la Administración General del Estado y 5.945 para la Administración de Justicia.

Con este Real Decreto, el Gobierno da carpetazo a la oferta de empleo público para este año, pero, sin embargo, ya no solo mantiene el suspense sobre la subida salarial de los más de 2,8 millones de empleados públicos, sino que vuelve a retrasar su negociación hasta después del verano, cuando se acerque el momento de aprobar los nuevos Presupuestos para 2023.

Así lo confirmó la ministra de Función Pública pese a que su departamento se había comprometido la semana pasada con los sindicatos a convocar esta misma semana la mesa del diálogo social para abordar un asunto espinoso que se antoja muy complicado de acordar, en un momento de espiral inflacionista que puede poner contra las cuerdas a las arcas públicas y volver a minar el poder adquisitivo de los funcionarios.

Movilizaciones en las calles

«A lo largo del segundo semestre esperamos que la inflación se module y tendremos más datos para sentarnos con los sindicatos y tener una senda que nos permita no ahondar en esos efectos de la inflación pero ser capaces de acompañar a los funcionarios», apuntó Montero, que dejó entrever también que no contempla una mejora salarial por encima del 2% de subida para este año, sino que en todo caso el incremento se pactará para el año próximo. «Cualquier actuación del Ejecutivo, la prioridad, tiene que ser combatir la inflación, que es la amenaza, y no adoptar ninguna medida que pueda convertir la inflación coyuntural en estructural», defendió.

Por ello, CSIF, sindicato mayoritario entre los funcionarios, inicia este miércoles una campaña de movilizaciones por toda España para denunciar la pérdida de capacidad de compra y la ausencia de negociación en esta materia. La concentración principal se producirá en Madrid, en la puerta de la sede del Ministerio de Hacienda y Función Pública, mientras que en el resto del país se realizarán concentraciones en las puertas de las subdelegaciones de Gobierno.

Tres días de teletrabajo a la semana

El Gobierno ha aprobado un plan de ahorro energético en la Administración Pública que incluye, entre otras medidas, la instalación de plantas fotovoltaicas para autoconsumo, tres días de teletrabajo para los funcionarios, la racionalización de los horarios de encendido y apagado de las instalaciones de climatización, iluminación y equipamiento, o el control de las condiciones de temperatura.