La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la firma con los representantes sindicales. / cc oo

Los funcionarios recibirán la subida salarial del 1,5% en su nómina de noviembre

El Gobierno permitirá a las CC AA endeudarse para pagar a los empleados públicos

C. A. Madrid

Los funcionarios podrán recibir en su próxima nómina de noviembre el aumento extra del 1,5% acordado entre Gobierno, CC OO y UGT , abonándose como atrasos el incremento correspondiente de enero a octubre. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, firmó este miércoles con los sindicatos el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, que también incluye la subida salarial del 9,8% pactada para tres años (2022-2024).

El real decreto de eficiencia energética en el que se incluye la medida establece, en concreto, que la subida del 1,5% -que se suma al alza del 2% que entró en vigor el 1 de enero de este año- tendrá que materializarse antes del 31 de diciembre de 2022 y, en todo caso, con anterioridad al 31 de marzo de 2023 en el caso de los empleados públicos de comunidades autónomas y ayuntamientos.

En este punto, también fija que el Estado podrá autorizar a las comunidades autónomas a endeudarse a largo plazo para hacer efectivo este incremento retributivo a lso empleados públicos.

Tal y como quedó pactado, el acuerdo para el plazo 2022-2024 establece una subida de otro 2,5% el próximo año, al que se podría sumar un 0,5% adicional si el IPC supera el 6%, más otro 0,5% si el PIB del ejercicio también es mejor que el 5,9%. Para 2024, el sueldo de los funcionarios subirían otro 2% con la posibilida de incrementarse otro 0,5% si la inflación acumulada en el periodo de los tres años supera el 8%.

El acuerdo también incluye otra serie de mejoras, como la jornada laboral de 35 horas en la que se eliminan las limitaciones para que cada administración establezca esa medida previo acuerdo con los sindicatos, así como la obligación para desarrollar planes de igualdad en todos los entes públicos.

El texto confirma además la definitiva derogación de la supresión de la jubilación parcial para el personal funcionario, así como un compromiso para la «recuperación del empleo perdido, el rejuvenecimiento de las plantillas y reducción de la temporalidad», entre otras.