El Estado acuerda con los sindicatos convocar 29.578 plazas para este año

Supone la mayor oferta de empleo público de la historia, en muchos casos destinada a cubrir el déficit de la Seguridad Social o el SEPE

JOSÉ MARÍA CAMARERO | LUCÍA PALACIOS Madrid

El Gobierno ha llegado a un acuerdo con las principales centrales sindicales de la Administración Pública estatal (CSIF, CC OO y UGT) para materializar la convocatoria de 29.578 plazas de funcionarios a través de distintos procesos de oposición que se llevarán a cabo en los próximos meses, cuando el Ejecutivo autorice definitivamente la Oferta de Empleo Público para 2022.

Esas casi 30.000 plazas supondrán la mayor oferta de plazas de funcionarios de la historia, al no estar incluidas en la cifra las correspondientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estados, Fuerzas Armadas o Administración de Justicia. De todas ellas, 15.888 serán plazas nuevo ingreso (un 29% más que las convocadas en 2021), entre las que se incluyen de forma específica 1.150 para nuevos servicios en la Seguridad Social y prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital. Otras 9.591 plazas serán de promoción interna (un 1,8% más); y las otras 4.100 irán destinadas a completar procesos d estabilización del personal interino del Estado.

La mayor parte de esta oferta de empleo irá destinada a la gestión de políticas públicas, fiscal, transformación digital y cohesión social, según apuntan desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), el sindicato más representativo en las administraciones.

Tras varias semanas de negociación, el Ministerio de Hacienda y Función Pública ha elevado el número de plazas de la OPE de 2022 desde las 22.900 que había puesto encima de la mesa de negociación, como última opción. Los sindicatos se resistieron a firmar el acuerdo al considerar «insuficiente» el número de plazas habilitadas tanto para cubrir la destrucción de empleo que ha habido en la Administración en la última década - 60.000- y para hacer frente a la oleada de jubilaciones que llegarán: el 60% de los funcionarios se retirará en la próxima década.

CSIF ha valorado de manera positiva el acuerdo alcanzado, que, según su criterio, «pone las bases para afrontar los graves problemas de personal de esta Administración, en ámbitos como la Seguridad Social o el Servicio Público de Empleo». Por su parte, CC OO ha advertido de que gran parte del proceso de negociación en Función Pública sigue pendiente de desarrollo, y ha alertado de las dificultades que puede suponer que la voluntad política que el Gobierno compromete en este acuerdo no se plasme en un desarrollo eficaz de las medidas.

Además, se prevé agilizar los procesos selectivos, reduciendo los tiempos de publicación de convocatorias, los tiempos de incorporación de los nuevos efectivos y los tiempos entre ejercicios y realizar una planificación a varios años de las necesidades de la Administración con el fin garantizar su viabilidad a medio plazo y reducir el déficit de personal.

El acuerdo alcanzado también incluye la revisión, en los próximos tres meses, de los procesos de promoción interna para simplificar y reducir los temarios de los sistemas de ascenso con el fin de lograr una cobertura más amplia de las plazas convocadas y garantizar la carrera profesional del personal al servicio de la Administración del Estado. Para ello, y según informa CSIF, se simplificará la fase de oposición reduciendo temarios y ejercicios y se reservará la nota de la fase de oposición para próximas convocatorias si no se supera el proceso. En cuanto a la fase de concurso, se reforzará el curso selectivo como fase formativa y de evaluación de contenidos prácticos, directamente relacionado con las plazas.

Por otra parte, las organizaciones sindicales siguen reclamando al Gobierno que los funcionarios en activo no pierdan poder adquisitivo como consecuencia de la elevada inflación, a la espera de negociar la subida salarial para el próximo ejercicio, que sería plasmada en el proyecto de Ley de Presupuestos del Estado para 2023.