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Imagen de una protesta para extender la duración de los ERTE. efe
Uno de cada cuatro trabajadores en ERTE ha recibido formación complementaria

Uno de cada cuatro trabajadores en ERTE ha recibido formación complementaria

Casi 800.000 afectados han asistido a cursos organizados por su empresa, mientras solo 142.000 lo han hecho a través del SEPE

Domingo, 31 de enero 2021

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Más de un millón de trabajadores afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) recibieron formación a lo largo de 2020, según un informe elaborado por el Ministerio de Trabajo, que ha presentado ya a los agentes sociales y al que ha tenido acceso este periódico. Supone, por tanto, que uno de cada cuatro ocupados en esta situación (llegó a haber más de 3,6 millones de afectados) aprovechó este periodo sin empleo para formarse en alguna materia o habilidad con el objetivo de ampliar su empleabilidad y aumentar sus posibilidades de reincorporarse a la actividad.

En realidad, los datos oficiales recopilados por el ministerio –aunque no definitivos– revelan que fueron un total de 939.249 ocupados en ERTE los que se formaron, pero el informe señala que la cifra «se situará por encima del millón cuando se cierren los datos del conjunto del año».

El principal promotor de los cursos no fue el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), sino las empresas privadas. Así, un 85% de los beneficiarios (797.226) accedió a los cursos organizados por sus propias empresas, mientras que el 15% restante, apenas 142.023 trabajadores, se formaron a través de los cursos programados por el SEPE.

Cabe resaltar que el número de trabajadores en ERTE que utilizaron este tiempo libre para adquirir más conocimientos podría ser mayor, puesto que el informe recoge exclusivamente las convocatorias estatales y no tiene en cuenta las que hayan podido realizar cada Comunidad Autónoma. Éste es precisamente uno de los retos que tiene por delante el Gobierno: impulsar la formación en las personas afectadas por un ERTE, algo que cuenta también con el beneplácito de los agentes sociales y organismos como el Banco de España y el Banco Central Europeo. Y así lo admite el Ministerio de Trabajo en este documento: «Una de las prioridades es mejorar la formación de las personas que tienen su contrato suspendido a través de un expediente de regulación temporal de empleo, bien de suspensión total o con reducción de su jornada, con el objetivo de que tengan una mayor cualificación profesional, incluyendo su recualificación con otros conocimientos», precisa.

Para ello el Ejecutivo mira hacia Alemania, país que tiene implantado con éxito desde hace varias décadas este modelo de ERTE mediante el cual todos los trabajadores están obligados a asistir a cursos para aumentar su empleabilidad. Y así lo ha defendido también la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Es más, ésta es una de las medidas que el Ejecutivo ha incluido en los documentos que envió a Bruselas para recibir los fondos europeos: crear un nuevo modelo de ERTE flexible alternativo al despido con una mayor inversión en formación para recualificar a los trabajadores afectados.

Acceso prioritario

No se trata de algo nuevo, ya que la necesidad de formación de este colectivo ya se incluye en el Estatuto de los Trabajadores, pero no se vincula, como sí hacen otros países, ni se facilita el acceso. Por ello, el pasado mes de octubre, en la última prórroga, se aprobó un cambio normativo que flexibilizaba más la participación de este colectivo a los cursos. No obstante, la publicación de esta norma se retrasó hasta final de noviembre, cuando ya sí se fijó que los trabajadores en ERTE tendrán prioridad para hacer cursos de formación y, además, se les permite acceder en este periodo sin empleo a programas tanto para ocupados como para parados.

La distribución territorial de la formación mantiene una lógica correlación con el peso de los ERTE en cada Comunidad Autónoma, que a su vez está relacionado con el tamaño de cada una de ellas y con su especialización productiva, dado el impacto desigual de la crisis en los diferentes sectores productivos, señala el estudio. Lógicamente son las autonomías más grandes y las que tienen mayor dependencia de las actividades vinculadas al turismo las que tienen el mayor peso de participación de personas en regulación en acciones formativas. Así, Madrid concentra al 21% de los trabajadores formados, seguido de Cataluña (20%), Andalucía (11%), Valencia (9,4%), Canarias (5%), Galicia (4,9%) y País Vasco (4,7%). A la cola se sitúan La Rioja (0,7%), Extremadura y Cantabria (ambas con un 0,9%).

El informe destaca además que de esta formación se han beneficiado las personas en ERTE con independencia del tamaño de su empresa, aunque el número mayor de personas que han sido formadas se corresponden con las compañías más pequeñas, las que tienen entre 1 y 5 personas asalariadas, ocupando el segundo lugar en la distribución las empresas medianas (de 10 a 49 trabajadores) y las más grandes, con una plantilla de más de 5.000 personas. Por sectores, la hostelería y el comercio, los dos sectores más golpeados por la pandemia, se sitúan a la cabeza, aunque en este caso a través de los programas estatales de formación del SEPE.

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