Ayuntamiento de Quintanar de la Orden

Condenan a un ayuntamiento por contratar a 27 falsos becarios

El Ayuntamiento de Quintanar de la Orden (Toledo) deberá indemnizarlos por haberles pagado sólo 300 euros al mes por sustituir a empleados municipales de vacaciones

J.M.L. Toledo

El Juzgado de lo Social número 2 de Toledo ha condenado al Ayuntamiento de Quintanar de la Orden (Toledo) a indemnizar a los «falsos becarios» que en el verano de 2108 fueron contratados por este consistorio para sustituir a trabajadores municipales durante sus vacaciones estivales. De esta forma, el ayuntamiento de este municipio de 11.000 habitantes, gobernado entonces por el PP con el apoyo de Ciudadanos, se ahorró cotizaciones a la Seguridad Social y salarios.

El asunto, que fue detectado por la Inspección de Trabajo en 2019 y que obligó al ayuntamiento a abonar las cotizaciones correspondientes a la situación real de los falsos becarios, acabó después en los tribunales a través de CC.OO. Este sindicato considera que estos casos suponen para el falso becario una doble estafa -en salarios y en cotizaciones- y son también un fraude a la Seguridad Social. Ahora, el Ayuntamiento de Quintanar de la Orden deberá abonar a aquellos «falsos becarios» la diferencia entre los 300 euros mensuales que percibían y el salario que, en realidad, les correspondía por el puesto que ocupaban.

Solos y sin formación

La sentencia señala que la relación laboral que ligó a los becarios con este ayuntamiento fue «de naturaleza laboral desde el inicio» y que «no consta la existencia de un programa formativo, ni un tutor individual ni un certificado de finalización de prácticas para estas personas que trabajaban de lunes a viernes de 9 a 14 horas, que es la jornada estival en muchas administraciones públicas, incluidos los ayuntamientos».

La sentencia añade que «las personas solicitantes de la beca prestaron servicios de forma voluntaria y retribuida y de forma autónoma, estando los presuntos becarios solos prácticamente todo el tiempo, sin que pueda entenderse que predomine el interés formativo del becario y sí el empresarial, convirtiendo el importe de la beca en salario y el acuerdo entre las partes en un contrato de trabajo, declarando la existencia de relación laboral entre el ayuntamiento como empleador y los trabajadores».

A raíz de esta sentencia, el secretario de Juventud y Formación Sindical de CC.OO. en Castilla-La Mancha, Juan Carlos del Puerto, reclamó que « el nuevo Estatuto del Becario que están negociando el Gobierno, los sindicatos y la patronal ha de dignificar las condiciones de los jóvenes y blindar los derechos de las personas becarias a las que, en muchos caso,s se utiliza como mano de obra barata y en continua disponibilidad para la empresa, algo muy alejado del objetivo de las prácticas no laborables que es mejorar la empleabilidad de los estudios».