Trabajo detecta infracciones en los ERTE de 250 empresas canarias

En total, hay 31.142 expedientes abiertos de fraudes en ERTE y las sanciones impuestas rozan los 13 millones de euros. A cierre de noviembre, había 746.900 trabajadores afectados por un ERTE en toda España.

La Dirección General de Trabajo ha indicado que las empresas acogidas a un ERTE que incumplan el compromiso de mantener el empleo durante los 6 meses posteriores a retomar la actividad deberán devolver todas las cotizaciones exoneradas y no solo las de los despedidos.

Ese criterio, recogido en una nota informativa de la Inspección de Trabajo, señala, ante algunas dudas suscitadas, que se deben reintegrar todas las ayudas «al margen del número de trabajadores afectados por el incumplimiento» de la salvaguarda de empleo, según publica este martes «Cinco Días» y avanzaban en Twitter expertos en laboral.

El abogado laboralista Pere Vidal y el jurista experto en derecho laboral Robert Gutiérrez explican que en esa nota, a la que ha tenido acceso Efe, la Dirección General de Trabajo traslada a la Inspección que, de la ley, no cabe deducir que ese reintegro «alcanza sólo el importe de las exoneraciones correspondientes al trabajador que es despedido».

En marzo se estableció un cláusula de «salvaguarda del empleo» que obliga a las empresas a mantener plantilla, con algunas excepciones, durante los seis meses posteriores a la reanudación de la actividad tras un ERTE y que se ha mantenido en cada prorroga de este mecanismo de protección del empleo durante la pandemia.

El incumplimiento, es decir los despidos antes de ese plazo, que se inicia con cada ERTE que pide la empresa, conlleva «reintegrar la totalidad del importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas, con el recargo y los intereses de demora correspondientes», recoge el real decreto de marzo.

Según explican a Efe fuentes conocedoras de la normativa, hasta ahora no se había especificado si esa devolución era por empresa, es decir por todas las ayudas, o solo por la de los trabajadores que se vieran afectados por un despido, por lo que esta sería una interpretación más «dura» de la ley.

Para los abogados Gutiérrez y Vidal esta interpretación «vulnera el principio de proporcionalidad y olvida que no tener carácter punitivo no da carta blanca para imponer consecuencias desproporcionadas».

Las empresas acogidas a ERTE en esta pandemia han visto bonificadas las cuotas que pagan a la Seguridad Social en distintos porcentajes, que han llegado hasta el 100 % en algunos casos, con un esquema que ha ido variando en cada prorroga.