Factura de la luz. / R. C.

El tope al gas se complica y amenaza con retrasar la bajada a julio

La Comisión Europea admite complejidad técnica y mantiene el retraso de casi un mes en su aval definitivo a la excepcionalidad ibérica

JOSÉ MARÍA CAMARERO Madrid OLATZ HERNÁNDEZ

La Comisión Europea sigue estudiando minuciosamente los decretos que España y Portugal remitieron a Bruselas hace casi ya un mes para autorizar el límite al precio del gas en el mercado mayorista que permitirá amortiguar la subida de la luz en ambos países. Pero la excepcionalidad ibérica –como así se denomina a la medida autorizada por el Consejo Europeo de finales de marzo– se encuentra atascada en los despachos comunitarios. No hay ninguna señal que anticipe que vaya a ser en los próximos días cuando la UE avale esta iniciativa.

Aunque el 'sí' podría llegar en cualquier momento, el análisis de los decretos –muy observado también de cerca por el resto de socios europeos, sobre todo los de Europa Central y del Este, con Alemania a la cabeza– se ha «complicado» con el paso de los días, según apuntan varias fuentes del mercado energético. Bruselas quiere un tratamiento normativo calcado a ambos lados de la frontera de la Península. Y ese encaje se hace difícil con dos textos legales completamente distintos (el decreto español tiene más de 60 páginas y el portugués menos de 10), así como dos sistemas heterogéneos.

Cuadrar una autorización que sirva a ambos países es el reto que tiene delante la Comisión. Fuentes europeas aseguraban hace un mes que la Comisión Europea, en un principio, podría adoptar decisiones separadas respecto a los planes presentados por España y Portugal. Desde hace varias semanas se habla de «trabajo a nivel técnico» y de «pulir detalles técnicos» para la aprobación. Pero el Ejecutivo comunitario no da ninguna estimación de cuándo podría dar luz verde a la excepción ibérica.

Los retrasos y la espera a la respuesta comunitaria se acumulan mientras desde el Gobierno insisten en la necesidad de tener cuanto antes un aval sin el cual no se puede poner en marcha la limitación del gas en el mercado diario. El presidente del Gobierno indicaba la semana pasada, en el transcurso de la última cumbre europea, la necesidad de «reconocer el trabajo que está haciendo el Ministerio de Transición Ecológica» por el trabajo «intenso que está llevando a cabo». «Espero que el acuerdo final sea muy pronto», afirmó Sánchez, para quien esta medida es «fundamental» para la economía de las familias y de las empresas.

El mecanismo es complejo porque se trata de la primera vez que se establece la posibilidad de que dos países no se rijan por las mismas reglas que el resto de socios en el mercado eléctrico. La propuesta fijaba un precio máximo inicial del gas de 40 euros/MWh para después pasar progresivamente al techo de los 50 euros/MWh;de media, a lo largo del próximo año, algo más de 48 euros/MWh. El gas cotizaba ayer en torno a los 83 euros/MWh en el mercado holandés, donde fija su referencia esta materia prima.

Descuento del 15%

A medida que transcurren los días, los consumidores dejan de percibir el posible efecto del tope al gas. Cuando Bruselas autorice el límite al precio mayorista del gas, los hogares acogidos a la tarifa regulada (unos 10 millones de puntos en toda España, un 38% del total) no comenzarán a percibirlo en sus recibos hasta que, al menos, no transcurra un mes completo una vez autorizado el tope.

Desde el Ministerio de Transición Ecológica aclaran que el efecto práctico «depende del cierre del período de facturación de los consumidores a los que beneficiará». Por ello, serán necesarios al menos 30 días para comprobarlo en el recibo. Del ahorro que inicialmente se cifraba en torno a un 30% en la factura de la luz, el Gobierno está empezando a hablar de que la rebaja que se va a notar será del 15%. La propia vicepresidenta, Teresa Ribera, admitía que ese ahorro «puede no ser de las dimensiones que nos hubiera gustado».

Mientras tanto, el Ejecutivo no cree que en los próximos meses pueda haber «falta de suministro» de gas pese a la amenaza de una subida de los precios del procedente desde este país. Así lo indican en una respuesta parlamentaria, recogida por EP, al hilo de las relaciones con un «socio fiable» como Argelia.