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El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y el Servicio Canario de Empleo (SCE) buscan fórmulas para tratar de evitar que se produzcan retrasos en los cobros de las prestaciones por desempleo de aquellos ciudadanos que acuden a solicitar su pago sin haberse dado antes de alta como demandantes de empleo.
Entre otras medidas se está estudiando que si un ciudadano puede justificar que ha solicitado cita en el SCE para inscribirse como demandante de empleo esto le sirva para el plazo y así no consumir período, según indicaron ayer fuentes próximas al organismo. «La consigna es que se haga todo lo posible para evitar que se denieguen prestaciones al no estar inscritos como demandantes de empleo», indican estas fuentes.
La Ley de Seguridad Social obliga a las personas que vayan a solicitar la prestación por desempleo (por despidos o ceses de la actividad laboral, entre otros) a darse de alta previamente como demandante de empleo. Del pago de la prestación se encarga el SEPE (organismo estatal y que lleva las políticas pasivas de empleo) y, de tramitar el alta que valida que la persona está en búsqueda activa de empleo, el SCE (organismo de la comunidad autónoma).
Antes de la pandemia, aquellas personas que por despiste o desconocimiento acudían al SEPE directamente, sin haber tramitado previamente su alta como demandante de empleo en el SCE, se encontraban con que el organismo estatal «les reenviaba» al Servicio Canario de Empleo en un procedimiento interno y sobre la marcha se le realizaba el trámite, gestionándose la prestación en el momento.
Durante la pandemia ese procedimiento mejoró incluso y el SEPE se encargaba de dar directamente de alta a la personal al tiempo que le tramitaba la prestación. Después el SEPE remitía al SCE los listados de las personas y listo.
Desde el 1 de agosto esto ha cambiado y el SEPE ya no hace altas automáticas. En lo que llevamos de mes las personas que han acudido al SEPE a pedir la prestación por desempleo sin su correspondiente alta se han encontrado con un 'parón' en el cobro a la espera de pedir cita en el SCE y realizar este trámite. Se estima que son unas 1.500 personas las afectadas, según distintas fuentes consultadas.
Estas fuentes insisten en que las instrucciones vienen del SCE, si bien desde este organismo se remitió ayer un comunicado en el que se asegura que fue el SEPE el que propuso este cambio y que se acordó el 13 de julio en el pleno número 75 de la Comisión de Coordinación y Seguimiento del SISPE (Sistema Nacional de Empleo), del que forman parte las comunidades autónomas y el Estado.
«Es una decisión originada en el SEPE y de aplicación en toda España en la que el SCE no es sino uno de los numerosos organismos del Estado que ha apoyado la deseable vuelta a la normalidad del servicio de atención a las personas demandantes de empleo, dentro del espíritu de máxima colaboración que siempre ha presidido la relación de ambos organismos», se indica en la nota.
Desde el SCE se realizó ayer un llamamiento a la calma ante el riesgo de que los retrasos en los plazos que pueda suponer acudir al SEPE, para redirigirte al SCE y después regresar al SEPE.
Según se asegura desde el SCE los 15 días hábiles que hay de plazo para solicitar la prestación sin consumir período es «margen de sobra» para tramitar la prestación en plazo. «No corren riesgo de perder pago alguno», se indica.
Con este objetivo desde el SEPE se están buscando fórmulas para impedir que los ciudadanos en esta situación pierdan días de prestación, como se indicó anteriormente.
El secretario general de UGT Servicios Públicos en Gran Canaria, Gustavo Martín, demanda una mayor coordinación entre las administraciones públicas a favor del ciudadano.
Apunta que aunque la norma establezca que es el SCE quien debe de dar de alta a los demandantes, debería mantenerse que el SEPE pueda hacer este trámite cuando un ciudadano llega a pedir la prestación y no ha hecho el paso previo. «El ciudadano no entiende y muchas veces no sabe que tiene que ir primero a una administración para una cosa y después a la otra. El servicio público debería estar para facilitar la vida a los ciudadanos no para complicársela», indica.
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