La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera. / efe

Ribera niega un impuesto extra a las grandes eléctricas

El presidente del Gobierno y la ministra de Transición Energética se reúnen en Moncloa con los primeros espadas del sector para pedirles un «esfuerzo adicional» en la coyuntura actual

Clara Alba
CLARA ALBA

Cumbre energética en Moncloa para buscar soluciones a la crisis energética agravada en las últimas semanas con el estallido de la guerra en Ucrania. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, han llamado a filas a los principales directivos de las grandes eléctricas que operan en el país para anticipar las medidas con las que se pretende frenar el alza de precios de la luz, el gas y los carburantes.

La prudencia de las partes es absoluta a la espera del importante consejo europeo de esta semana del que se espera un paquete para limitar la subida del precio de la energía. Durante la rueda de prensa posterior al consejo de ministros, la vicepresidenta tercera ha explicado que la reunión se ha centrado en «facilitar un compromiso por parte de todos» para paliar la situación actual. Y ha dejado claro que no se ha puesto encima de la mesa el impuesto extraordinario sobre los beneficios del sector propuesto por Unidas Podemos.

«No hemos hablado de impuestos a las grandes eléctricas, sino del modo en el que pueden contribuir a conseguir energía más barata y al confort de los consumidores», ha explicado la vicepresidenta durante su comparecencia ante los medios.

En el encuentro, de unas dos horas de duración, el Gobierno ha vuelto a apelar al voluntarismo de las eléctricas, solicitando un «esfuerzo adicional» para abaratar el precio de la luz y acelerar la transformación del sistema energético. Pero sin concretar de forma exacta qué camino deben tomar para ello.

En este punto, las eléctricas han rechazado frontalmente la posibilidad de reactivar la propuesta para limitar los denominados beneficios caídos del cielo, aquellos que obtienen al vender su producción (muchas veces generada con fuentes más baratas como la hidroeléctrcia o la nuclear) al precio final que está marcado por el gas. «Las eléctricas le han demostrado el presidente del gobierno que no tienen beneficios caídos del cielo. Cosa que no han podido demostrar las petroleras y las gasistas que sí tienen beneficios extraordinarios», indican fuentes del sector conocedoras del contenido de la reunión.

Al encuentro, en el que también ha participado el secretario general de Asuntos Económicos, Manuel de la Rocha, acudió el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez-Galán, el presidente de Naturgy, Francisco Reynés, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, el presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, y la consejera delegada de EDP, Ana Paula Marquez.

Ribera ha calificado de «constructiva» la reunión, en la que el Ejecutivo ha insistido en la necesidad de desacoplar el gas del precio final de la energía, pese a que será difícil convencer a algunos socios europeos de la medida en el consejo europeo que se celebrará los próximos 24 y 25 de marzo y del que se espera que salga una respuesta común para atajar la escalada de precios de la energía. A partir de ahí, el Ejecutivo definirá las medidas que llevará a su propio Plan Nacional de respuesta frente al impacto de la guerra, que se conocerá a la semana siguiente, el 29 de marzo.

Según ha indicado la ministra, una de las medidas que se sigue analizando es definir el precio máximo al que pueden ofertar gas a las centrales de ciclo combinado para producir electricidad.

Respecto a los hogares, ha recordado que aún hay margen de actuar por la vía fiscal, con la prórroga de las rebajas aprobadas el pasado año en el IVA eléctrico o el Impuesto Especial a la Energía, así como para ampliar el número de familiar que puedan acogerse al bono social.

Desarrollo de redes

El Ejecutivo también ha solicitado a los primeros espadas de las eléctricas su compromiso para el despliegue de las renovables con el objetivo de avanzar en la autosuficiencia energética, fomentando redes y almacenamiento.

En este punto, el Gobierno ha aprobado este martes el Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica, que contará con una inversión de casi 7.000 millones de euros hasta 2026.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Ribera ha apuntado que este plan marca la hoja de ruta de las inversiones de Red Eléctrica de España (REE) para los próximos años y que el objetivo es mejorar 8.000 kilómetros de redes eléctricas, instalar 2.700 kilómetros de nuevas líneas y 700 kilómetros de conexiones submarinas.

Así, se trata de «una inversión de casi 7.000 millones de euros repartidos por todo el territorio. Con especial énfasis en los dos archipiélagos, que están comprometidos con ser islas 100% renovables, en un horizonte temporal alejado, pero que requieren infraestructuras fundamentales para poder gestionar este compromiso», ha aseverado la ministra.

En esa línea, Ribera ha señalado que gracias a esta planificación «el peso de las energías renovables» en España pasará del 46% actual hasta cerca del 67% en 2026, «reduciendo la generación con centrales de gas (ciclo combinado), que están sometidas a la volatilidad de las cotizaciones internacionales».