Fenómeno de la residencialización

Los residentes en complejos rechazan el plan de Turismo y abren la vía a una abultada litigiosidad

La propuesta de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias para tratar de solventar el problema de la residencialización de los complejos de apartamentos en los sures de las islas y que pasa por una comercialización libre de las unidades a través de plataformas como Booking pero con la exigencia de compartir los gastos comunes que van más allá del mantenimiento y de la limpieza -como puede ser una recepción o un bar- no convence a los propietarios.

La presidenta de la Plataforma de Afectados por la Ley Turística (Palt), Maribé Doreste, asegura que los propietarios de los apartamentos turísticos ya pagan, según establece la Ley de Propiedad Horizontal, los gastos para mantener un complejo pero que no van a asumir los costes de los que tienen un negocio turístico en el mismo complejo y por tanto, no van a a costear «ni al director de ese establecimiento ni al recepcionista ni a los que van a limpiar esos apartamentos» ni cualquier otro servicio de la unidad de explotación.

Doreste advierte que si el plan sigue adelante «batallarán» en todas las instancias judiciales que sea posible para hacer valer su derecho «a una vivienda digna frente a un negocio turístico». «Vamos a seguir con la pelea judicial ante este atropello y a la espera del fallo del Supremo sobre la unidad de explotación», indica Doreste, en referencia al recurso que ha sido admitido a trámite por el TS y que determinará si se justifica la unidad de explotación por el interés general o por el contrario, limita la libre prestación de servicios.

Actualmente, solo en el sur de la isla hay en torno a 17.000 personas empadronadas en complejos turísticos; a nivel de Canarias son en torno a 70.000 personas. Doreste reclama el derecho de los propietarios a residir en esas unidades alojativas y critica el «juego político» que están haciendo las administraciones con el asunto. «A los políticos les da igual el interés general y el futuro solo buscan el rédito político, de ahí que hagan el anuncio de la libre comercialización pero luego no expliquen cómo piensan hacer esto», critica Doreste. En su opinión, solo puede haber modalidad turística en los complejos extrahoteleros si se reúne el 100% de las unidades. «Ni con una, ni con 3, ni con 50. Tiene que ser con el 100%», apunta Doreste.

El rechazo de la Palt a la propuesta de Turismo abre la puerta a una abultada litiogiosidad que ya se está dando en los complejos turísticos.

Desde la Asociación de Empresarios de Alojamientos Turísticos de Las Palmas (AEAT), su presidente, Fernando Estany, respalda la propuesta de la Consejería de Turismo y afirma que su patronal está dispuesta a asumirla pero siempre y cuando «se compartan los gastos de los servicios de los complejos y se garantice la ausencia de conflictos», señala.

Pese a compartir la propuesta Estany advierte que hay que ser «cuidadoso» con el plan de Turismo porque esa comercialización por libre de los complejos puede tener consecuencias negativas sobre la propia conectividad de las islas. Como explica, los contratos que se cierran con turoperadores garantizan un número de unidades de apartamentos. Si la cifra desciende puede ser que ya no le interese el contrato y mantener una ruta con Canarias. «No podemos promover que disminuyan las plazas disponibles porque puede haber pérdida de conectividad», avisa.

Desde el año 2009 Canarias ha perdido 77.000 plazas alojativas en apartamentos, algo más de 40.000 son en Gran Canaria.

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