Nueva regulación a la vivienda vacacional
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Nueva regulación a la vivienda vacacional
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– El consejero de Obras Públicas del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, insiste en la necesidad de actuar sobre la vivienda vacacional para trasladar parte de ese parque al alquiler residencial. ¿Cómo valora la idea?
– Desde Ascav manifestamos nuestro asombro porque se contradice con lo dicho por el director de Ordenación Turística, que en todas las islas dice que los propietarios de vivienda vacacional pueden dormir tranquilos porque no van a prohibirlas. Entonces, si desde Turismo se dice una cosa y desde Vivienda otra, no podemos dejar de estar asombrados.
– Entiendo entonces que ustedes no duermen tranquilos.
– Es que es imposible. Uno dice blanco y otro negro. Habrá que esperar al final para ver cuál es la intención del Gobierno de Canarias y si lo que quieren es prohibir la vivienda vacacional para que pase a ser residencial. En cualquier caso, desde Ascav advertimos de que si lo que el Gobierno de Canarias busca es que los canarios no podamos participar de la actividad turística y que esta se concentre en las mismas manos de los de siempre, que expropie, pague a las familias y después haga lo que quiera. Pero lo que no puede hacer es sacar una regulación que suponga una prohibición encubierta para volver a excluir a las familias canarias de la actividad turística.
– Desde las administraciones se apunta al alquiler vacacional como una de las principales razones de que no haya vivienda para alquilar en las islas y que los precios sean elevados. ¿Qué hay de cierto en esto?
– No hay quien se crea esta afirmación porque en Canarias las viviendas vacacionales representan menos del 4% del parque total de viviendas, según el INE. Está claro que si hay una vivienda vacacional que era residencial y ha cambio su uso es una vivienda menos para el alquiler pero con un 4% no parece que seamos nosotros el problema de la falta de vivienda y del encarecimiento del alquiler. Hay otras razones como la vivienda vacía que hay en el archipiélago, que es el 19% del total del parque. En segundo lugar, está la inseguridad jurídica que genera la normativa estatal de vivienda y que es un campo de minas para los propietarios que quieren poner una vivienda en alquiler. La norma protege al arrendatario, que está muy bien, pero no a costa de desproteger al arrendador. Todo es más complicado ante un desahucio de un inquilino que no paga y puede demorar los procesos más de año y medio. La tercera razón es la falta de acción de la administración pública para favorecer un parque de viviendas en alquiler. El consejero de Canarias habla de 2.000. Ojalá que fueran 4.000 pero la acción hasta ahora ha sido cero. También hay falta de incentivos por parte de las administraciones para que los propietarios alquilen sus viviendas. Y luego está la fuerte demanda extranjera de vivienda que desvirtúa el mercado.
– ¿Se consideran el chivo expiatorio utilizado por el Gobierno para justificar la falta de políticas que incentiven la vivienda en alquiler?
– Somos el chivo expiatorio fácil para justificar la falta de soluciones en el mercado del alquiler. Además el Gobierno de Canarias está manoseando los datos de las viviendas vacacionales para señalarnos como los culpables. Desde el Gobierno de Canarias se da el dato de casi 193.000 plazas, tras haber crecido casi un 23% en dos años pero está completamente manoseado. Para empezar, no está teniendo en cuenta que muchas de las viviendas vacacionales que hay en Canarias son edificios completos, que se construyeron con ese objetivo y la mayoría eran ya plazas turísticas con otra modalidad, normalmente apartamentos. No son, por tanto, plazas nuevas sino que ya existían. Además, hay muchos propietarios que han dado de alta en el registro a sus viviendas ante la previsión de una nueva normativa más restrictiva pero que aún no las están explotando.
– La presidenta de Ascav, Doris Borrego, ha sido siempre muy critica con los seudohoteles, que son precisamente los complejos de edificios destinados al vacacional en su totalidad. ¿Por qué?
– Nosotros no estamos en contra de ellos pero sí que hay que hacer una diferenciación porque no es lo mismo un empresario que prepara un edificio completo para destinarlo al vacacional que una familia que tiene una o dos viviendas y tiene aquí un complemento de renta o una forma de vida. Lo que no se puede permitir es lo que pretende Las Palmas de Gran Canaria, como dijo Javier Doreste, que son edificios completos de viviendas vacacionales porque al final el pastel es para los de siempre y los canarios volvemos a quedar fuera.
– ¿Cuántas plazas de las 193.000 acaparan los seudohoteles?
– Estimamos que un 30% y hay que diferenciarlo como pasa en Andalucía, por ejemplo, donde hay regulación distinta para un edificio completo o una casa individual.
– Ustedes defienden las bondades del alquiler vacacional, sin embargo, en todo el mundo se están tomando medidas para controlarlo y regularlo, como Nueva York, Berlín, Cataluña...
– Me alegro que me haya planteado el caso de Nueva York. Según los datos que se han analizado de la aplicación de medidas en esta ciudad, en quince días el precio medio de la habitación de hotel en la ciudad subió un 28%. Normal, quitan oferta sube el precio. Además, no ha aumentado la oferta de residencial, lo que demuestra que la administración está equivocada. Si una vivienda se quita del vacacional no va a ir al residencial a saco. Es equivocado pensar esto.
– Cataluña acaba de aprobar un decreto para limitar el alquiler vacacional. ¿Qué le parecen las medidas?
– Esta norma cambia el sistema de declaración responsable por otro de autorización previa. Hemos pasado de un sistema en el que para ejercer la actividad bastaba una declaración responsable a otro en el que hay que pedir una licencia al ayuntamiento, lo que complica mucho la cosa.
– ¿Este es el principal cambio?
– Sí y hay una disposición transitoria que dice que a los que ya están operando con esa declaración responsable se les da un plazo de cinco años para que se adapten a la nueva norma y soliciten la licencia. En el caso de no cumplir con el planeamiento o cualquier cosa se les retirará y tienen que cesar la actividad. Esto es lo que va a pasar aquí en Canarias. Por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria, que se exige un acceso independiente y que lo tenemos recurrido en el TSJC, cesarían todos salvo los edificios completos y volvemos al empresario, que seguiría.
– ¿Copiará el Gobierno de Canarias el modelo de Cataluña?
– No me atrevo a decirlo. Quiero ser prudente hasta ver el texto normativo del Ejecutivo pero puede ser una opción.
– ¿Desde Ascav os sentís escuchados por el Gobierno de cara al nuevo decreto para regular el alquiler vacacional en el que está trabajando?
– El Gobierno nos citó a una reunión el pasado mes de septiembre con la consejera y luego también tuvimos una reunión en el Consultivo con voz pero sin voto, así que podemos decir que escuchar nos han escuchado pero otra cosa es que nos tengan en cuenta.
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