El FMI pide a Bruselas reformular las «viejas» reglas de déficit y deuda

Esos límites establecen un déficit público máximo del 3% sobre el Producto Interior Bruto (PIB) y una deuda que no represente más del 60% de la riqueza nacional de cada Estado miembro. Objetivos que se antojan más que lejanos. Solo en el caso de España, está previsto que el déficit supere este año el 5%, a pesar de la significativa reducción de los dos últimos ejercicios; y la deuda pública, muy por encima del 110% a medio plazo.

Por eso, para el FMI, «la oportunidad no debe desperdiciarse», en referencia a esa reforma. En concreto, apunta que la UE «necesita reglas fiscales renovadas que tengan la flexibilidad para políticas audaces y rápidas cuando sea necesario, pero sin poner en peligro la sostenibilidad de las finanzas públicas». Además, considera que «es fundamental evitar crisis de deuda que podrían haber grandes efectos desestabilizadores y poner en peligro a la propia UE». Lo oque requerirá «construir mayores colchones fiscales en tiempos normales».

La propuesta del FMI se estructura en tres grandes ejes: modernizar las reglas fiscales numéricas para tomar explícitamente en cuenta los riesgos que enfrentan los países mientras tienen una clara orientación a mediano plazo; fortalecimiento de las instituciones fiscales nacionales para mejorar la debate y propiedad de las políticas; y la creación de un fondo de la UE para ayudar a los países a mejorar gestionar las recesiones económicas y proporcionar bienes públicos esenciales.

En primer lugar, el FMI considera que los objetivos de déficit y deuda deben ir acomodados a a una velocidad «acorde al grado de riesgos fiscales». Esos riesgos deberían ser identificados por análisis de sostenibilidad de la deuda usando una metodología común, desarrollada por un nuevo e independiente Consejo Fiscal Europeo, o EFC, en consulta con cada Estado. Y considera que «los países con mayores riesgos fiscales tendrían que converger a cero o un balance fiscal general positivo durante los próximos tres a cinco años». Al mismo tiempo, las economías con menores riesgos fiscales y una deuda por debajo del 60% tendrían «más flexibilidad, pero aún así necesitan considerar los riesgos en sus planes». Así, considera que «se incentivaría la acumulación de amortiguadores fiscales que permiten una flexibilidad significativa para responder a shocks adversos y llevar a cabo una política contracíclica», como en casos de la pandemia o la guerra en Ucrania.

Por otra parte, apunta a que todos los países de la UE tendrían que promulgar marcos fiscales a mediano plazo y establecer topes de gasto anuales plurianuales coherentes con su ancla de balance general durante el período. Con consejos fiscales que desempeñarían un papel más importante para fortalecer los controles y equilibrios a nivel a nivel de país, incluida la elaboración o aprobación de proyecciones macroeconómicas, evaluar los riesgos fiscales y garantizar la consistencia de los techos de gasto y planes fiscales. La Comisión Europea seguiría desempeñando su función clave de vigilancia y el EFC serviría como el nodo central para una red de agencias fiscales nacionales.

Por último, se establecerían dos claves: mejorar la estabilización macroeconómica, especialmente cuando política está operando en el límite inferior efectivo, y permite la provisión de bienes públicos comunes a nivel de la UE, como el cambio climático y la seguridad energética infraestructura. Y un fondo de inversión climático dedicado es una parte importante de la propuesta.