Punto final a las ventajas de la jubilación previas a la reforma de 2011

Las razones son básicamente dos: todavía hay un «notable» porcentaje de personas que acceden a la jubilación según la normativa previa, lo que significa que lo hacen con menos requisitos y condiciones más ventajosas, y un número muy elevado aún puede hacerlo a los 65 años, ya que las disposiciones de esta ley permiten mantener en 65 años la edad legal de jubilación para las personas con carreras de cotización suficientemente amplias (37 años o más en 2020). De hecho, en 2018, algo menos del 40% de las altas de jubilación se vieron afectadas por un cambio en la edad legal tradicional de 65 años.

Pero sí es cierto que la incidencia de esta reforma, que se aprobó en su día por consenso, es cada vez mayor y el año que viene lo será más, puesto que, salvo que el Gobierno tome medidas, entrará ya plenamente en vigor el próximo mes de enero. Así, en 2018, cinco años después de su puesta en marcha, el porcentaje de altas cuya jubilación se produjo con arreglo a la ley de 2011 todavía era inferior al 65%, según resalta el Banco de España. Además, únicamente el 36% experimentaría un cambio en la edad de jubilación: aquellos trabajadores cuya edad legal se situaría por encima de 65 años por no contar con un período de cotización suficientemente amplio y, a su vez, quienes se acogieron a la jubilación anticipada voluntaria, una nueva modalidad que se estableció en esta reforma y que ha tenido una gran acogida.

En 2020 este porcentaje de jubilaciones con las ventajas previas a 2011 se ha reducido, pero aún así una de cada cuatro proceden de la regulación previa. De las casi 97.000 altas que ha habido a lo largo de este año, unas 25.000 se rigen por la normativa anterior. No obstante, no siempre la aplicación de esta reforma supone un recorte de la pensión. Hay cientos de miles de personas que han sido expulsadas del mercado laboral y que reciben una mayor prestación por el hecho de que se les calcule su pensión con los últimos 25 años de cotización en lugar de con los últimos 15, tal y como precisa Carlos Bravo, secretario de Protección Social de CC OO, quien, no obstante, sí reconoce que supone una «pequeña reducción» para las carreras de cotización más estables, las que se jubilan a la edad ordinaria y cuyo salario crece por encima del IPC.

Pero desde enero todos los trabajadores que se jubilen se regirán ya por la reforma de las pensiones de 2011, sin excepciones, salvo que el Gobierno apruebe una nueva prórroga de la denominada 'cláusula de salvaguarda', como ha sucedido en los dos últimos años. Esta ley estableció que determinados colectivos, los que hayan sido despedidos antes de 2013 y estuvieran en un expediente de regulación de empleo o cobrando el paro u otro subsidio, podrían seguir jubilándose bajo el régimen anterior sin ver reducida su prestación, aunque esta posibilidad caduca el próximo 31 de diciembre. UGT y CC OO ya han pedido al Ejecutivo que amplíe esta moratoria y que lo haga ya, sin esperar a los últimos días del año. Desde el Ejecutivo guardan silencio. «Ya se lo hemos planteado y lo vamos a seguir exigiendo», explica Mari Carmen Barrera, secretaria de Políticas Sociales de UGT, que dice que esto afectaría a unas 26.000 personas. «No son tantos y las consecuencias sí varían mucho», sostiene.

Otra de las reivindicaciones sindicales es terminar con las penalizaciones a las jubilaciones anticipadas, en muchos casos forzosas, de los que tienen largas carreras de cotización. En este caso es eliminar una norma que estableció la reforma del PP de 2013, algo que está barajando tanto el Pacto de Toledo como el Gobierno. En la actualidad hay cerca de 650.000 pensionistas que se jubilaron anticipadamente, de los cuales más del 80% (un total de 531.472) han sufrido una merma de su pensión que en algunos casos llega hasta el 40%, pese a que tienen a sus espaldas más de 40 años cotizados y en su mayor parte proceden del desempleo.

La pregunta es: ¿Ha conseguido entonces la reforma de 2011 su objetivo que no es otro que mantener a los trabajadores más tiempo en el mercado laboral y retrasar su jubilación? Datos en mano, la edad de acceso a la jubilación ha mostrado una tendencia creciente en los últimos años y aquellos que se retiraron bajo esta nueva normativa lo hicieron más tarde, 1,8 años más tarde, que los que se acogieron al régimen previo. Más concretamente, en 2018 (último dato disponible), la edad media de jubilación con la reforma de 2011 escaló hasta los 64,9 años; sin embargo, para los que no era de aplicación esta edad se rebajó hasta los 63,1, según refleja el informe del supervisor.

Además, desde 2006 hasta ahora la edad media ha aumentado algo más de un año, al pasar de 63,5 a los 64,6 años. Sin embargo, este incremento de la edad efectiva de jubilación no ha sido constante a lo largo de los últimos ejercicios. En 2013, cuando entró en vigor la reforma de 2011, la edad de jubilación creció considerablemente y se situó en 64,3 años. En los años siguientes descendió y a partir de 2016 repuntó de nuevo. Sin embargo, cabe destacar que, si se toma el período 2006-2020 en su conjunto, el peso de las jubilaciones a los 65 años o más es muy similar y se sitúa en el entorno del 60% (En 2006 era del 59,5% y en 2020 está en el 60,3%).

Por eso el Gobierno ya ha anunciado medidas para retrasar la edad efectiva de jubilación. A la espera de lo que dicte el Pacto de Toledo, su intención es endurecer las penalizaciones de las jubilaciones anticipadas y crear nuevos incentivos para los que deciden demorarlas.