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España se sitúa a la cola de los países de la OCDE en cuanto a eficiencia del gasto público y además ha ido empeorando en los últimos años, según un estudio del Instituto de Estudios Económicos (IEE). En una sesión organizada por el Consejo General de Economistas (CGE), el presidente del IEE y vicepresidente de la CEOE, Íñigo Fernández de Mesa, junto al exministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, reclaman evaluar la eficiencia del gasto ya que según sus cálculos las administraciones podrían reducir sus gastos un 14% ofreciendo el mismo nivel de servicios públicos, es decir, unos 60.000 millones de euros.
¿Y cómo podría hacerse? El presidente del CGE, Valentín Pich, considera que hay que adecuar los Presupuestos Generales del Estado a la realidad actual, además de establecer sistemas eficientes de evaluación y control del gasto para evitar desvíos hacia partidas superfluas, y acometer de manera «realista» el tema de la revalorización de las pensiones.
Por su parte, Fernández de Mesa señaló que la mejor vía para consolidar el crecimiento económico y mejorar la competitividad es aumentar la eficiencia del gasto público, sobre todo en un escenario de recuperación tras la superación de la crisis de la covid-19 y la elevada inflación.
Además, pide que se implementen mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas; gestión profesionalizada e independiente, con evaluación constate de actuaciones, fomentando la colaboración público-privada y favoreciendo la corresponsabilidad fiscal y la colaboración entre administraciones.
Sevilla, por su lado, explicó que deberían hacerse reformas estructurales para sacar a España de esta situación con la deuda y el déficit público disparados a consecuencia de la pandemia. Así, propuso implementar las que ha propuesto el Banco de España en su último informe anual y que se acuerden con «amplio consenso» para que duren en el tiempo. En su opinión, lo importante no es hacer muchas leyes, sino que se cumplan y de la forma más eficiente posible. Puso como ejemplo el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que, en su opinión, «es una buena ley, pero que no se está desarrollando adecuadamente».
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