Madrid aplica una solución a la baja para las carencias energéticas de Canarias

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico publicó este viernes en el Boletín Oficial del Estado la orden por la que se acuerda el reconocimiento de las repercusiones económicas derivadas de la adopción de «medidas temporales y extraordinarias para garantizar la seguridad del suministro en las islas de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura». El contenido de la orden plantea una solución a la baja ante la crítica situación energética de las islas, pues cifra en 155,2 megavatios (MW) la potencia adicional a instalar, cuando previamente recoge que Red Eléctrica de España (REE), operador del sistema, ha cifrado las necesidades en 250 MW.

En la orden publicada en el BOE se «autoriza el reconocimiento de las repercusiones económicas en los sistemas eléctricos de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura que pudieran derivarse de la instalación de grupos de emergencia para garantizar el suministro en dichos sistemas por una potencia de hasta 50,8 MW en Gran Canaria, 71,6 MW en Tenerife y 32,8 MW en Fuerteventura. Estos costes se incluirán dentro de la retribución de la actividad de producción de los territorios no peninsulares».

El montante global de 115,2 megavatios difiere bastante del que según REE es preciso instalar. La propia orden ministerial hace referencia a un escrito de este año del operador del sistema que eleva notablemente la cuantía, llegando a los 268 MW. Así, en la orden se puede leer lo siguiente: «(...) Atendiendo al último informe de cobertura elaborado por el operador del sistema, correspondiente al periodo abril 2024 a marzo 2025 según el cual se requiere la puesta en servicio urgente de generación adicional por una potencia de 138 MW en Gran Canaria, 80 MW en Tenerife, y 50 MW en Fuerteventura, resulta necesario continuar con el procedimiento previsto para la aprobación de la presente orden ministerial que reconozca las repercusiones económicas por la adopción de medidas de emergencia temporales y extraordinarias que garanticen la seguridad del suministro en los sistemas eléctricos canarios».

A estos efectos, agrega la orden, el Gobierno de Canarias dará traslado a la Dirección General de Política Energética y Minas de las solicitudes de los titulares de las instalaciones de reconocimiento de dichas repercusiones junto con una auditoría de los costes en que hayan incurrido.

«Para que se reconozcan las repercusiones económicas», prosigue la orden ministerial, «los grupos de emergencia que se instalen en virtud de esta autorización no podrán sustituir a otros grupos disponibles inscritos en el Registro de instalaciones de producción de energía eléctrica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, exceptuando que, a criterio del operador del sistema, sea imprescindible para prevenir situaciones de riesgo en la prestación del suministro». Este punto otorga, en la práctica, un gran protagonismo nuevamente a REE a la hora de la toma de decisiones ante las carencias energéticas del archipiélago.

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