La Seguridad Social no cobra 77 millones por la falta de personal

Según consta en el escrito remitido por los representantes sindicales de CC OO y UGT a la Audiencia de Cuentas, la Tesorería de la Seguridad Social en Las Palmas, en su actuación como recaudadora en la vía ejecutiva, no realiza subastas de bienes embargados ni reclama determinadas deudas en procedimientos ejecutivos de deudores porque carece del número suficiente de trabajadores. Así se lo reconoció el director provincial de la Tesorería de Las Palmas a los representantes sindicales, a los que explicó que las subastas no se hacían porque «necesitan unos trámites engorrosos que ocuparían a varios funcionarios», según recoge el escrito.

Los representantes sindicales tienen constancia de que este hecho se está produciendo con expedientes de Fuerteventura pero temen que la situación sea extensible a otras islas del archipiélago. «Puede incluso que sea la norma de actuación de esta administración, pues es obvio que en algún momento esa deuda prescribe y ya es de imposible cobro, con el notorio perjuicio para las arcas del Estado», se apunta en el escrito.

Los representantes sindicales -Francisco Javier Betancor y Hortensia Rodríguez por CC OO y Gustavo Navarro, de UGT- recurren al Tribunal de Cuentas al entender que esta situación puede tener consecuencias legales. Según apuntan en el escrito, consideran que esta situación pueda adquirir una posible vía penal «por cuanto quien elige a qué empresas y reclamaciones dedica personal puede decidir distraer determinados expedientes a voluntad».

Los representantes sindicales reclaman a este órgano que recabe más información sobre esta «lamentable situación» e incluso realice una auditoría sobre las cuentas de la Tesorería General de la provincia de Las Palmas.

El Defensor del Pueblo ha admitido a trámite la queja remitida por la representante sindical de CC OO en la Seguridad Social de Las Palmas, Hortensia Rodríguez, a finales de agosto y en la que denuncia la precariedad del servicio por el déficit de personal en los centros de Las Palmas.

Rodríguez pone de manifiesto en el escrito admitido a trámite que los ciudadanos tienen que esperar hasta dos meses para poder tener cita previa y reclama al Defensor del Pueblo que interceda para que el tiempo máximo sea de dos semanas. «Se dan situaciones dantescas donde el vigilante o el personal ordenanza externo expulsa del derecho a ser atendidos a ciudadanos por no tener cita cuando el propio sistema no te permite acceder a ella», se recoge en el escrito.

La representante de CC OO se queja de que los representantes políticos, como la subdelegada del Gobierno, no ha cumplido con los compromisos de incorporar más personal y advierte de que este año se jubilan más de veinte personas «y a corto plazo no hay previsión de sustitución». El agotamiente y desánimo de los trabajadores de la Seguridad Social es otra de las quejas.