La banca refuerza la seguridad al acceder por internet a las cuentas

12/09/2019

Llega la directiva PSD2 aunque habrá prórroga al ‘e-commerce’

S.F. / las Palmas de gran canaria

El próximo sábado, 14 de septiembre, entra en vigor la directiva europea PSD2 (Payment Service Directive 2) que persigue como objetivo principal mejorar la seguridad de los pagos y reducir el fraude en el proceso de autenticación. Las distintas entidades financieras que operan en nuestro país han remitido información a sus clientes para darles a conocer los cambios que se introducirán a partir del sábado a la hora de acceder a las cuentas de cara a mejorar la seguridad y aumentar la protección del consumidor.

Entre las principales novedades está que a la hora de acceder a nuestras cuentas a través de canales digitales se requerirá una doble autentificación. Hasta ahora solo se pedía el DNI y una clave de acceso; a partir del sábado habrá que introducir un código SMS que llegará a nuestro móvil.

En el caso de los pagos presenciales con tarjeta contactless, hasta ahora no había que introducir el PIN en importes inferiores a los 20 euros. A partir del sábado, cuando la suma de las compras continuadas sin PIN alcance los 150 euros será imprescindible introducirlo.

Por el momento las compras con tarjeta en los comercios electrónicos no será objeto de cambios y es que el Banco de España ha decidido dar una prórroga a los proveedores de servicios de pago para migrar hacia soluciones que permitan cumplir la norma, informó ayer el organismo. Debido a la complejidad de los mercados de pagos en la UE y a la necesidad de acometer cambios que permitan a los emisores aplicar la autenticación reforzada, especialmente para los actores involucrados que no tienen la condición de proveedor de servicios de pago como los comercios electrónicos, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) acepta que los supervisores bancarios nacionales concedan un tiempo adicional limitado para la aplicación de la nueva norma, según informa Europa Press.

En concreto, permite que las autoridades nacionales competentes trabajen de manera excepcional con los proveedores de servicios de pago y el resto de partes interesadas.