Inversión para evitar una «grave falta de potencia» eléctrica en 2020

07/11/2018

El Estado otorga el régimen retributivo adicional a una inversión de 45 millones de euros en dos grupos de Juan Grande para garantizar la seguridad y el suministro de forma eficiente en un horizonte de cinco años. La orden permite su adaptación a la directiva europea sobre emisiones.

Atendiendo a una situación de «grave falta de potencia a partir del año 2020» que se produciría en el sistema eléctrico de Gran Canaria por la imposibilidad de algunas instalaciones de generación de seguir en funcionamiento más allá de esa fecha si no se adaptan antes a la directiva europea de emisiones industriales, el Ministerio para la Transición Ecológica ha concedido un régimen retributivo adicional a las inversiones necesarias en dos grupos de la central térmica de San Bartolomé de Tirajana, valoradas en 45 millones de euros.

De acuerdo a la información suministrada por el operador del sistema, es decir, Red Eléctrica de España (REE), la orden cifra en 345 Mw la potencia necesaria en la isla para cubrir la demanda esperada y contempla que sigan operando cinco grupos en la central de Jinámar y dos en la del sur capaces de generar 188 Mw.

En el proceso de selección de estos siete grupos hay tres de la planta situada en Las Palmas de Gran Canaria que no han sido tenidos en cuenta «por encontrarse en indisponibilidad permanente por condiciones ambientales».

Para lograr los 157 Mw restantes para cubrir la demanda esperada, la orden ministerial limita la inversión necesaria a dos de los cuatro grupos que están condenados a dejar de operar si no se adaptan antes de 2020 a la directiva europea. Son los dos grupos que están dentro de su vida útil y juntos son capaces de generar 148 Mw. La potencia prevista en cada uno de ellos es, en concreto, de 74,24 Mw.

Según la orden, para lograr los 9 Mw que faltarían todavía para alcanzar los 345 Mw de producción eléctrica «no está justificada la realización de inversiones para adaptar» los dos grupos de la central de la capital que no podrán continuar generando electricidad a partir del 1 de enero de 2000. Para conseguirlos, dice, «se adoptarán, en su caso, las medidas oportunas en el futuro para garantizar la cobertura de la demanda».

La resolución aprovecha una disposición adicional del presupuesto del Estado de 2018 que, «con carácter excepcional» autoriza al Ministerio a otorgar el régimen retributivo adicional «sin necesidad de resolución favorable de compatibilidad» a instalaciones ya existentes que precisen inversiones para poder seguir funcionando con la condición de que «el operador ponga de manifiesto la existencia, en un horizonte temporal de cinco años, de necesidades de potencia para garantizar la seguridad del suministro de forma eficiente».

El procedimiento de concurrencia competitiva previsto con carácter general para garantizar el suministro eléctrico «no permitiría asegurar la potencia necesaria en un horizonte tan cercano, debido a los plazos para la tramitación administrativa y ejecución de las inversiones necesarias de nueva capacidad», alega la orden de este procedimiento excepcional.

En todo caso, el régimen retributivo «se otorga en la medida imprescindible para satisfacer las necesidades de potencia» puestas de manifiesto por REE.

La mayor necesidad de potencia en Gran Canaria trasladada al Ministerio por el operador del sistema eléctrico se estima en el año 2023, pero en la definición de necesidades se consideran los valores aportados para el año 2021.

La orden también otorga el régimen retributivo adicional a inversiones en varias centrales de Tenerife y Menorca y ha sido informada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

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