La ministra de Hacienda, María Jesús Montero / r. c.

Hacienda niega ahora un compromiso para suprimir el incentivo por declaración conjunta

La ministra del ramo, María Jesús Montero, achaca a intereses electorales la polémica y explica que la propuesta no está dentro de las medidas fiscales del Plan de Recuperación

Clara Alba
CLARA ALBA Madrid

La ola de críticas desatada este fin de semana ante la intención del Gobierno de acabar con los incentivos fiscales de la tributación conjunta por el IRPF ha obligado al Ejecutivo a recular en su mensaje. A pesar de que esta propuesta se incluye dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas la pasada semana, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, asegura ahora que «no es una reforma que haya sido incorporada en las 'fichas' de fiscalidad que plantea el Ministerio y el Gobierno de España».

Su explicación es que esta idea parte de una propuesta que en su momento lanzó la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), «al estimar que este tipo de beneficio es regresivo y que puede implicar una dificultad añadida para la incorporación de la mujer en el mercado laboral».

Según ha insistido Montero, el hecho de que la medida se incluya en el informe de impacto de género y las medidas en materia de igualdad, y no dentro de los planes para modernizar el sistema tributario español, hace que la propuesta sea solo una posibilidad que será estudiada por el comité de expertos que prepara la futura reforma fiscal, y cuyas conclusiones se esperan para febrero de 2022, y «no supone ningún tipo de compromiso con Bruselas».

«No hace falta aclarar nada a la Unión Europea porque el componente de fiscalidad dentro del Plan de Recuperación es clarísimo, está negro sobre blanco y en él no figura la supresión de este beneficio fiscal», insisten desde el Ministerio de Hacienda.

Pese a todo, y aunque fuera del componente fiscal, el Plan que da acceso a los fondos europeos incluye explícitamente , la «paulatina desaparición de la reducción por tributación conjunta mediante el establecimiento de un régimen transitorio». Una medida que perjudicará a las clases medias y bajas de entre los 4,2 millones de personas -2,1 millones de familias- que se benefician de esta ayuda. Según los cálculos del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) para este periódico, el 95% de los que se verían afectados por la medida cobran menos de 60.000 euros al año.

Frente a las múltiples críticas lanzadas durante todo el fin de semana por parte de los ciudadanos y la oposición, la ministra de Hacienda ha achacado la polémica a la agitación política de los últimos días en torno a las elecciones de la Comunidad de Madrid que se celebran este martes. «En etapas preelectorales cualquier elemento sirve para hacer creer a los ciudadanos algo que el Gobierno ni ha decidido, ni ha hecho ni ha planteado», asegura Montero.

Desde el Ejecutivo hacen hincapié en que lo único que se va a estudiar con el asesoramiento de los técnicos es la forma de evitar que la reducción fiscal acentúe la brecha de género existente en el mercado laboral. «Todo ello, sin que, en ningún caso, esta posible reforma tributaria vaya a suponer un aumento de la carga fiscal de las familias», han insistido en los últimos días desde el Ministerio de Hacienda.

El Gobierno también se apoya en su estrategia en lo que ocurre en otros países de la OCDE, en los que los incentivos por la declaración conjunta son prácticamente inexistentes. Luxemburgo es uno de los países que mantienen la deducción, pero la declaración individual es obligatoria en otros países como Austria, Grecia, Bélgica, Italia o Reino Unido. En Francia, por ejemplo, los matrimonios tienen la obligación de tributar de forma conjunta, con progresividad en el impuesto sobre la renta final.

Industria audiovisual

En este consejo de ministros el Gobierno también ha aprobado la creación del Grupo de Trabajo pervisto en el Plan de impulso al sector audiovisual, «España Hub Audiovisual de Europa» presentado el pasado 24 de marzo y que es uno de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El plan tiene previsto una inversión pública de 1.603 millones de euros para el periodo 2021-2025, de los que 200 corresponden a los recursos del Plan. Su meta es aumentar un 30% la producción audiovisual realizada en España al final del periodo.

«El impulso del sector audiovisual contribuirá al desarrollo tecnológico y económico, a la creación de empleo, al mantenimiento de una oferta cultural diversa y al crecimiento y fortalecimiento de las industrias culturales y creativas del país, cuyo potencial debe aprovechar las oportunidades de un mercado global», indican desde el Ejecutivo.