Google desequilibra el sector de medios por las urgencias económicas tras la crisis

Con esa posibilidad de acuerdos individuales, se produce «un desequilibrio» entre los propios medios, según indican en Cedro, la asociación de autores y editores de libros, revistas, periódicos y partituras. Para esta organización la norma supone «eliminar un derecho de gestión colectiva que va a debilitar al sistema de protección de los propios derechos de autor». Esto es, habrá una parte de los editores de medios que negocien individualmente con las grandes plataformas, como ya habían hecho algunos, abonando el terreno para cuando la normativa estuviera en vigor tras su paso por Moncloa.

Desde Cedro avisan que puede haber otros muchos medios «que se queden fuera». Es decir, que no tengan tanta capacidad de negociación o que, al ir por su cuenta, los resultados obtenidos sean inferiores en comparación a si se realizara una administración colectiva de esos derechos.

Las estrecheces económicas por las que atraviesa el sector de los medios se ha convertido en un punto de distanciamiento entre editores en su relación con Google. La crisis sanitaria ha dejado unas cuentas mermadas en estas empresas, que mantuvieron intacta su actividad informativa en la pandemia. Solo en 2020, Google elevó un 17% su beneficio hasta los 33.447 millones de euros.

Este contraste ha derivado en la urgencia de algunas cabeceras por negociar directamente con la multinacional tecnológica y, ante la necesidad, conseguir ingresos a corto plazo. Y ello, aunque la compensación económica sea menor que podrían obtener a largo plazo en una posición de conjunto con otra normativa distinta al último decreto ley. Desde Cedro consideran que no es lo mismo negociar ante compañías de semejante poder y tamaño como sector en representación de un mercado nacional que como firma individual. El margen de maniobra es mínimo en un mercado de internet controlado prácticamente desde el inicio por las tecnológicas.

Esta transposición de la directiva comunitaria era una de las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en el informe elaborado en verano en el que indicaba que existe «una notable concentración en el sector en España». Google absorbe más de un 50% de los ingresos y Facebook más de un 20%. Entre ambos, acaparan un 70% del mercado.

Competencia apuntaba que «existen problemas de opacidad y falta de transparencia, que dificultan la toma de decisiones de anunciantes y editores». Sobre todo «si son pequeños». «Ambos agentes, anunciantes y editores, pueden desconocer el coste de alguno de los servicios de intermediación», recordaba la CNMC.

Tras publicarse el decreto, Google News, el agregador de noticias del gigante, anunció que va a dar servicio a los internautas españoles siete años después de que lo anulase. El retorno se debe al cambio que el Ejecutivo aprobó el martes en la regulación de los derechos de autor, admitió la propia directora general de Google Iberia, Fuencisla Clemares.

En 2014, Google cerró ese servicio en España en protesta por una ley que estipulaba que los medios no podían renunciar al derecho a cobrar una compensación. Ahora, sí lo pueden hacer al aplicarse la nueva normativa.

Entre las diferentes estrategias llevadas a cabo por los editores europeos, el caso de Alemania es uno de los más significativos por el impulso conjunto que están realizando sus medios ante las plataformas tecnológicas. Allí, Corint Media, la sociedad de gestión colectiva de los derechos de autor que representa a unos 200 medios alemanes, reclama a Google el pago de 420 millones de euros en 2022 por el uso de sus contenidos –titulares, resúmenes y extractos– en el buscador de la plataforma.

Para el cálculo de este canon, la entidad tiene en cuenta un porcentaje tasado por la Junta de Arbitraje de la Oficina Alemana de Patentes y Marcas (DPMA), las tarifas de países como Australia (100 millones), Canadá (400 millones) y Francia (500 millones), y se remite a la reciente directiva europea sobre derechos de autor.

Según el comunicado de la sociedad alemana, la DPMA consideró que el pago de un 11% por el uso de derechos de autor era una tasa adecuada, teniendo en cuenta el volumen de negocio de Google, que en 2020 ingresó alrededor de 9.000 millones de euros por la explotación de su buscador. Los 420 millones que reclama Corint Media supone una cantidad inferior a la que correspondería si se aplicaran estrictamente las indicaciones del organismo regulador.

Mientras, en Australia la multinacional paga 100 millones de euros, y en Canadá, 400 millones. En Francia, la autoridad antimonopolio condenó a Google a pagar 500 millones por prácticas abusivas mientras negociaba con los editores una compensación.