Golpe a los contratos fraudulentos en Canarias

En este análisis destaca que, en materia de relaciones laborales, las inspecciones permitieron transformar 8.410 contratos temporales fraudulentos en indefinidos. La inspección generó así cerca del 10% de los casi 100.000 contratos indefinidos que se registraron en Canarias en 2017, tal y como destacó Valido.

Además, la intervención de la inspección hizo aflorar 4.726 empleos que hasta 2017 quedaban ocultos en la economía sumergida del archipiélago.

El conjunto de las actuaciones contra el fraude acabaron con sanciones de 18,4 millones de euros, y permitieron a la Seguridad Social recuperar 54,2 millones de euros en cotizaciones. El mayor número de infracciones tenía relación con la Seguridad Social: los inspectores constataron 2.633 irregularidades que condujeron a sanciones por un total de 11,3 millones de euros.

También destacan los resultados de las inspecciones en el ámbito de las relaciones laborales, con 2.160 sanciones que implicaron multas de 1,8 millones de euros. Además, se produjeron 902 intervenciones en materia de seguridad y salud que acabaron con 2,9 millones de euros en sanciones. Esta fiscalización en materia de trabajo derivó además en 200 infracciones en asuntos relacionados con el empleo de extranjeros, y que alcanzan los 1,3 millones en sanciones.

El departamento de Inspección de Trabajo y Seguridad Social tiene previsto desarrollar un total de 28.774 actuaciones durante 2018, un 11% más con respecto a las programadas inicialmente en 2017, según explicó ayer la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido. Por áreas, 6.339 actuaciones irán encaminadas a la prevención de riesgos laborales, 6.356 a detectar posibles irregularidades empleo y relaciones laborales, 6.360 en el ámbito de la Seguridad Social y 8.596 para luchar contra la economía irregular.

Respecto a empleo y relaciones laborales, se incidirá en la contratación, las condiciones de trabajo, la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y las ayudas de fomento del empleo ajenas a la Seguridad Social y acciones formativas. También se han programado inspecciones para detectar trabajadores extranjeros sin autorización administrativa de residencia y trabajo; o la incompatibilidad del trabajo con la percepción de prestaciones de la Seguridad Social.