María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública. / efe

El Gobierno tendrá listo el techo de gasto antes de que termine julio

El CES pide ante la ministra de Hacienda y Función pública, María Jesús Montero, que las medidas transitorias adoptadas durante la crisis pasen a permanentes en el marco del diálogo social

Clara Alba
CLARA ALBA Madrid

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha confirmado este miércoles que el Gobierno aprobará este mismo mes de julio el límite de gasto no financiero (el conocido como techo de gasto que sirve de base para elaborar los Presupuestos Generales del Estado).

Así, y al tener que pasar por Consejo de Ministros, los detalles se conocerían o bien el próximo 20 de julio o siete días más tarde, el 27, última reunión de los miembros de Gobierno antes de agosto. «Estamos haciendo la programación de cómo se van a distribuir las iniciativas que tenemos en marcha en el Consejo de Ministros, todas materias muy importantes y no puedo concretar el día de aprobación, pero será antes de que termine julio», ha explicado Montero.

La aprobación del techo de gasto es prioritaria para poner en marcha los Presupuestos de 2022 y comenzar la ardua tarea de conseguir los apoyos necesarios para sacarlos adelante en el Parlamento. Además, estos Presupuestos, y lejos de lo que se podía esperar hace unos meses, van a volver a estar marcados por la incertidumbre en las previsiones económicas ante el vuelco que la quinta ola del coronavirus ha dado a las perspectivas para el turismo y el consumo, dos de los grandes pilares de la recuperación.

Diálogo social

La ministra ha hecho estas declaraciones antes de participar en la presentación de la Memoria Socioeconómica y Laboral 2020 elaborada por el Consejo Económico y Social de España (CES), el primer acto público como titular de la nueva cartera de Hacienda y Función Pública. Un documento que, aunque valora de forma muy positiva las medidas adoptadas por el Gobierno para afrontar la pandemia, auguran crisis futuras para las que ya piden una hoja de ruta a medio plazo para reequilibrar las cuentas públicas, junto con nuevas medidas para atajar la creciente desigualdad social.

Los expertos han solicitado en este punto que el Gobierno siga apoyándose en el diálogo social que tan bien ha funcionado durante la pandemia para afrontar las reformas que vienen, así como el paso de medidas que se adoptaron como algo temporal durante la crisis, como los ERTE, a algo permanente.

Óscar Arce, director general de Economía y Estadística del Banco de España, ha asegurado durante su intervención que «el diálogo social no es solo una buena estrategia para afrontar los retos de la pandemia, sino una estrategia absolutamente necesaria».

En este sentido, ha recordado que las reformas que desde ya se están negociando, como la laboral o la de pensiones, también requieren de «amplios consensos políticos». «Las reformas que se toman sin consenso duran poco», ha insistido.

Pese a la importancia que el diálogo entre Gobierno, empresas y representantes de los trabajadores ha tenido para acordar el diseño de medidas clave durante la crisis, esta necesidad de 'pactos' también presenta sus riesgos, a juicio de los expertos. Para el profesor Miguel Ángel Malo, el tiempo que conllevan las negociaciones puede ser uno de ellos. Por su parte, Ana de la Puebla, catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid, coincide en que aunque «el diálogo social siempre es la mejor estrategia», existe el peligro de que los acuerdos acaben siendo de mínimos, precisamente, para conseguir el ansiado consenso entre las partes. Algo que, a su juicio, «puede rebajar el alcance de las medidas que debemos adoptar».

Así, y al tener que pasar por Consejo de Ministros, los detalles se conocerían o el próximo 20 de julio o siete días más tarde, el 27, última reunión de los miembros de Gobierno antes de agosto. En este sentido, Montero ha explicado que «estamos haciendo la programación de cómo se van a distribuir las iniciativas que tenemos en marcha en el Consejo de Ministros, todas materias muy importantes y no puedo concretar el día de aprobación, pero será antes de que termine julio».

Pendientes quedan también la ley de memoria democrática o la ley concursal. Pero la aprobación del techo de gasto es prioritario para poner en marcha los Presupuestos de 2022 y comenzar la ardua tarea de conseguir los apoyos necesarios para sacarlos adelante en el Parlamento. Además, estos presupuestos, y lejos de lo que se podía esperar hace unos meses, van a volver a estar marcados por la incertidumbre que se espera en las previsiones económicas ante el vuelco que la quinta ola del coronavirus ha dado a las perspectivas para el turismo y el consumo, dos de los grandes pilares de la recuperación.

La ministra ha hecho estas declaraciones antes de participar en la presentación de la Memoria Socioeconómica y Laboral 2020 elaborada por el Consejo Económico y Social de España (CES), el primer acto público como titular de la nueva cartera de Hacienda y Función Pública. Un documento en el que, aunque los expertos destacan el buen papel del Gobierno para afrontar la pandemia, auguran crisis futuras para las que ya piden una hoja de ruta a medio plazo para reequilibrar las cuentas públicas, junto a nuevas medidas para atajar la creciente desigualdad social.

Los expertos han solicitado en este punto al Gobierno que siga apoyándose en el diálogo social que tan bien ha funcionado durante la pandemia para afrontar las reformas que vienen y el paso de medidas temporales durante la crisis a permanentes.

Óscar Arce, director general de Economía y Estadística del Banco de España, que durante su intervención ha asegurado que «el diálogo social no es solo una buena estrategia para afrontar los retos de la pandemia, sino una estrategia absolutamente necesaria».

En este sentido, ha recordado que las reformas que desde ya se están negociando, como la laboral o la de pensiones, requerirá de «amplios consensos políticos y sociales». «Las reformas que se toman sin consenso duran poco», insiste, pidiendo al Gobierno que tenga en cuenta a los jóvenes ante los mayores retos que afronta, a su juicio, la sociedad española: el futuro de las pensiones y los costes asociados a la transición ecológica «que va a conllevar la movilización de importantes recursos públicos y los jóvenes tendrán que afrontar importantes sacrificios».

Pese a la importancia que el diálogo entre Gobierno, empresas y representantes de los trabajadores ha tenido para acordar el diseño de medidas clave durante la crisis como los ERTE, esta necesidad de 'pactos' también tiene sus riesgos. Para el profesor Miguel Ángel Malo, el tiempo que se tarda en alcanzar los acuerdos puede ser uno de ellos. El experto recuerda, en ese sentido, que el Gobierno «no es uno más en las negociaciones». Por su parte, Ana de la Puebla, catedrática de la Universidad Autónoma de Madrid, coincide en que aunque «el diálogo social siempre es la mejor estrategia», también existe el riesgo de que los acuerdos acaben siendo de mínimos, precisamente, para conseguir el ansiado consenso entre las partes. Algo que, a su juicio, «puede rebajar el alcance de las medidas a adoptar».