I. Pérez

Fedea avisa: subvencionar la gasolina es un «desperdicio de recursos»

Los economistas critican también el límite del 2% a la subida de los alquileres incluido en el plan anticrisis porque «incrementa los problemas de oferta que ya sufre el sector»

Edurne Martínez
EDURNE MARTÍNEZ Madrid

El 30 de junio finaliza el plazo de aplicación de las medidas incluidas en el plan anticrisis puesto en marcha por el Gobierno el pasado 1 de abril para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. El Ejecutivo está revisando si están siendo eficaces como para prorrogarla y la forma en la que se haría. En este contexto, los economistas de Fedea consideran que son ayudas con un «alto coste presupuestario» que no calan realmente en los que más lo necesitan.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada publicó este lunes un informe en el que detalla que la generalización de las ayudas «desperdicia recursos al dirigirlos hacia grupos poco afectados por el 'shock'». Además, los expertos consideran que medidas como la bonificación de 20 céntimos por litro en el precio de los carburantes solo consigue «estimular» la demanda de energía, lo que «empuja los precios al alza» y «engorda los ingresos de Rusia por su exportación».

En su opinión, sería más oportuno destinar los incrementos de recaudación por IVA e impuestos especiales generador por la subida de precios energéticos a compensar a los grupos más perjudicados por tal subida. También apuntan hacia la introducción de «aranceles» sobre las importaciones al gas ruso, lo que generaría «ingresos adicionales para compensar a los perdedores de la crisis» y desincentivaría el consumo de energía de origen ruso.

Pero el gabinete de estudios no solo critica esta medida del plan aprobado recientemente en el Congreso, sino que también considera que la limitación a la actualización de los alquileres fijados al IPC por encima del 2% podría contribuir a incrementar los problemas de oferta que ya sufre el sector por la «erosión» de la seguridad jurídica sobre la vivienda. «Esta limitación podría, quizá, tener algún sentido como parte de un pacto general de rentas, pero no como actuación independiente», aseguran.

Pacto de rentas

El gabinete de estudios no solo critica esta medida, sino que también considera que la limitación a la actualización de los alquileres fijados al IPC por encima del 2% podría contribuir a incrementar los problemas de oferta que ya sufre el sector. «Esta limitación podría, quizá, tener algún sentido como parte de un pacto general de rentas, pero no como actuación independiente», dicen.

Y precisamente sobre el pacto de rentas piden que en él se incluya a los pensionistas y funcionarios para «repartir los costes de la crisis entre todos». Reconoce que no habrá una fórmula ideal para cortar la inflación, pero en ausencia de un pacto de este tipo se puede «cronificar» esta subida de precios, lo que reduciría nuestra competitividad internacional y el valor de los ahorros.

En este sentido, la fundación plantea que las pensiones –salvo las mínimas– y los sueldos de los empleados públicos suban en 2023 con la inflación subyacente (en el 4,4% en abril, en lugar del 8,4% de la tasa general) para repartir el coste de la guerra «de la forma más equitativa posible». «Sería necesario mantener el crecimiento de los salarios y las pensiones por debajo de la inflación general», explican.

Alargar la vida de las centrales nucleares

También sobre la prohibición del despido objetivo por causas ligadas a la guerra, Fedea opina que podría terminar haciendo que aumentaran los despidos «si sirve para impedir que participen en ERTE y otros mecanismos de ayuda aquellas empresas que teman no poder mantener a toda su plantilla».

Y dan sus claves para paliar esta crisis, como «reconsiderar» los planes actuales para el cierre de las centrales nucleares existentes. Fedea considera que los «trámites e inversiones» para el «alargamiento de su vida útil» deberían iniciarse de inmediato. Además reconoce que la medida que intenta facilitar el aumento de la capacidad de generación eléctrica renovable simplificando ciertos trámites «va en la dirección correcta», aunque considera que tendrá un efecto «muy limitado».