Una exempleada del Puerto víctima de acoso laboral por sentencia firme exige a Beatriz Calzada que actúe

El abogado de la empleada pública a la Autoridad Portuaria de Las Palmas, J.N.P, que fue víctima de acoso laboral como quedó reflejado en una sentencia firme con fecha del 12 de enero de 2023 ha remitido un escrito al organismo como «reclamación previa a la vía judicial» solicitando a su presidenta, Beatriz Calzada, que actúe y tome medidas contra la jefa de Recursos Humanos de la institución, Carmen Gloria Rodríguez. Como se argumenta en el escrito, desde la sentencia han pasado dos años y nueve meses sin que desde la Presidencia del Puerto se hayan tomado las medidas a las que obliga la normativa como es el abrir una investigación interna, depurar responsabilidades disciplinarias y reforzar las medidas preventivas y organizativas para evitar unos hechos que se siguen repitiendo. El plazo para hacerlo, además, expira el próximo 12 de enero.

«Es evidente que usted (por Calzada) ha mantenido, mantiene y ha consolidado una política laboral manifiestamente irregular e impropia de una administración pública pese a conocer sus consecuencias, lo que ha derivado enun número creciente de denuncias actualmente en tramitación judicial contra la Autoridad Portuaria de Las Palmas», se recoge en el escrito.

En él se critica que Calzada negara en una entrevista publicada en CANARIAS7 el pasado 13 de octubre que la jefa de Recursos Humanos «hubiera sido condenada por acoso» a pesar de la existencia de esta sentencia. «El incumpliento (...) coloca a la Autoridad Portuaria en una situación de ilegalidad por inactividad y lo que es igualmente grave, transmite un mensaje de impunidad contrario a los principios rectores del servicio público», se añade. En el escrito se afea el que la presidenta no haya tomado ninguna medida en todo este tiempo: «Resulta inaceptable que (...) no haya adoptado medida alguna salvo que exista una deliberada voluntad de omisión o encubrimiento de responsabilidades», se recoge.

El abogado de J.N.P pide que se informe al consejo de administración del Puerto de los hechos, se tomen medidas contra Rodríguez y mientras se tramite el expediente se la aparte de Recursos Humanos. Además, se solicita que ese expediente lo lleve un órgano externo y no el director, Francisco Trujillo, «dada la amistad manifiesta» que tiene con Rodríguez. «Tal relación es evidente que compromete la objetividad y a imparcialidad del procedimiento por lo que resulta imprescindible apartar al director, Francisco Trujillo de cualquier intervención para garantizar las debidas garantías legales y constitucionales».

En el escrito se apunta que, el que no se tomen medidas, «genera un grave perjuicio laboral y moral para el conjunto de los empleados públicos» de los cinco puertos de la provincia «al mantener en su puesto a una persona condenada por acoso laboral, afectando la confianza, el clima organizativo y la seguridad jurídica de la institución«.