El juez del 'caso Villarejo' desbarata la estrategia de Iberdrola para archivar la causa

García Castellón retira la condición de querellante de la empresa contra su exdirectivo Del Olmo, denunciante y testigo de cargo, prorroga seis meses la investigación e imputa a otro jefe de Seguridad

Mateo Balín
MATEO BALÍN Madrid

Golpe a la estrategia de Iberdrola y de su presidente, Ignacio Sánchez Galán, en el 'caso Villarejo'. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor de la macrocausa, ha tomado este jueves una serie de decisiones que desbaratan la estrategia legal de la energética para archivar la causa y frenar el daño reputacional que le está ocasionando.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número seis ha rechazado la pretensión de la compañía y de Galán, como persona física, de invalidar los indicios delictivos aportados a la causa por el principal testigo de cargo, el exdirectivo de Iberdrola José Antonio del Olmo, sobre los encargos realizados a la empresa de Villarejo entre 2004 y 2017 (se abonaron 1,13 millones de euros).

García Castellón considera que la documentación presentada por Del Omo «resulta necesaria» para el esclarecimiento de los hechos objeto de la presente pieza y no se trata, en ningún caso, de un material «privado y manipulado» para perjudicar los intereses de la compañía, como alega la defensa de Galán, investigado por delitos de cohecho, revelación de secretos y contra la intimidad.

El juez explica que «casa mal» la pretensión de Iberdrola de sostener la falsedad documental de su exdirectivo con la estrategia de su presidente Galán, quien pretende introducir en la causa las alegaciones efectuadas por Del Olmo en otro procedimiento (la querella presentada por la empresa contra él), en el que viene a admitir la realidad de la documentación que éste guardaba en su poder y que la empresa que dirige, por el contrario, asegura que son «falaces».

«Notables carencias»

Todos estos extremos, añade el auto conocido este jueves, «evidencian notables carencias» en la pretensión de acusar a Del Olmo, por lo que la denuncia de Iberdrola por una presunta falsedad debe posponerse por ahora en esta investigación, centrada en conocer los presuntos ilícitos cometidos en los trabajos de espionaje encargados a Cenyt, la mercantil de Villarejo. Por lo tanto, esta situación, concluye el juez, supone la pérdida de Iberdrola de su condición de parte querellante, por lo que entierra su pretensión de desactivar al denunciante.

Es más, el instructor pide a la Fiscalía y a las partes que se pronuncien sobre el posible reconocimiento de Del Olmo, máximo responsable de Control Corporativo de la empresa, como testigo denunciante. Una figura reconocida en la Directiva 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo Europeo del 23 de octubre del 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión (los llamados whistleblower o denunciantes). En suma, el juez trata de darle una protección especial.

Del mismo modo, el juez acuerda prorrogar por un plazo de seis meses la pieza separada en la que están imputados Galán y otros ex altos cargos de la compañía, además de la filial Iberdrola Renovables como persona jurídica. Esta decisión supone extender las diligencias hasta el 27 de julio. Un periodo en el que se practicarán nuevas testificales antes de concluir la fase de investigación.

Entre dichas diligencias, acuerda citar como testigos a 15 personas, entre ellas el comisario jubilado Enrique García Castaño, quien comparecerá con la garantía de investigado por figurar con esta condición en otras piezas de la causa y al estar prescritas sus responsabilidades en esta pieza. También aprueba que comparezca como investigado Enrique Victorero, responsable del área Corporativa de Seguridad en el Extranjero del Grupo Iberdrola.

En la misma resolución, también rechaza la petición de sobreseimiento del exjefe de Seguridad de Iberdrola Antonio Asenjo a la vista de las diligencias que restan por practicar. Asenjo es la pieza clave en esta causa, ya que fue la persona que medió con Cenyt para realizar los trabajos de seguimiento y espionaje, y a quien Galán endosó toda la responsabilidad -tanto en la contratación como en el pago de los servicios- en su declaración de la semana pasada.