Los inversores mantienen el castigo en Bolsa a Indra tras la intervención del Gobierno

La compañía pierde 282 millonesde capitalización desde la junta que derivó en la salida de siete consejeros independientes

MANU ÁLVAREZ/CLARA ALBA

La cotización de Indra sufre los estragos de la crisis desatada en su cúpula, después de que el Gobierno haya forzado la toma de decisiones en la compañía, aliándose con otros dos accionistas de la firma, el inversor Joseph Oughourlian y la empresa guipuzcoana Sapa.

Las acciones de la tecnológica, que tiene una importante división de negocio dedicada a defensa, volvieron a perder ayer un 2%, fruto de la corriente vendedora de los inversores que no confían ya en el futuro de la sociedad. El pasado viernes, tras la junta de accionistas en la que se consumó el golpe de mano del Ejecutivo, los títulos de Indra recibieron el primer castigo del mercado, con un retroceso del 14%. Desde la sesión previa a la junta, sus títulos han pasado de valer 10,5 euros a los actuales 8,9 euros. Es decir, una caída acumulada del 15% que implica una pérdida de capitalización de 282 millones de euros.

De momento, el consenso del mercado no anticipa un inminente rebote. «Insistimos en nuestra idea de que se abre una etapa de incertidumbre en torno a Indra y a la evolución de su cotización», indica Iván San Félix, analista de Renta 4 Banco. Así lo demuestran las recientes ventas que también están llevando a cabo grandes fondos como Fidelity, uno de los socios de la compañía, que el lunes comunicó la venta de un 1%de su capital.

Ante esta situación, un grupo de minoritarios ya está analizando las distintas alternativas judiciales para reclamar la situación a través del despacho Cremades & Calvo-Sotelo. Indican que ya se han puesto en contacto con la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), «solicitando una reunión con su presidente, para trasladar su preocupación por cómo se han sucedido los acontecimientos en la junta general de accionistas de Indra, así como el daño patrimonial causado a los accionistas minoritarios».

Las consecuencias palpables de lo sucedido son evidentes. Cuatro consejeros fueron cesados por la alianza en las votaciones del Gobierno -que tiene sus acciones a través del grupo Sepi-, Sapa y Oughourlian; una más no fue renovada en el cargo y otros dos han dimitido con posterioridad. Todos ellos eran consejeros independientes que se habían opuesto a las maniobras del Ejecutivo de Pedro Sánchez -en concreto a otorgar poderes ejecutivos al presidente, Marc Murtra- y que no se han quedado callados.

En los escritos que han remitido a la compañía y que ha dado a conocer la CNMV, denuncian la existencia de una acción concertada de los tres accionistas -entre todos controlan aproximadamente el 38% del capital social de Indra-, con un desprecio olímpico por las normas de buen gobierno corporativo.

Al fondo de esta maniobra y de la crisis que se ha generado está el deseo de que Indra ejerza un papel de liderazgo en la industria española de defensa, ya que el gobierno de Pedro Sánchez está empeñado en propiciar una fusión de sociedades para crear una gran compañía en este sector.

Una de las operaciones que el Gobierno ha reservado para Indra -de ahí su interés en tomar el control para imponer sus deseos- es la toma de una participación significativa en la empresa vasca ITP, fabricante de componentes para motores aeronáuticos. Rolls, la actual propietaria de la empresa, quiere venderla y tiene ya un acuerdo con el fondo norteamericano Bain, que está dispuesto a adquirir una participación mayoritaria.