Abengoa solicita el concurso de acreedores tras fracasar la renegociación de la deuda

«El Consejo de Administración, siendo consciente de la compleja situación y de las cada vez mayores dificultades para alcanzar una solución que satisfaga a todos los grupos de interés con posiciones, hasta ahora, enfrentadas, sigue comprometido en buscar alternativas para evitar la inviabilidad de las sociedades filiales que desarrollan la actividad del grupo y, con ello, preservar el empleo y tratar de minimizar la pérdida de valor, objetivo para el cual se solicita a todos aquellos que tienen intereses en la Sociedad y su grupo la máxima colaboración para tratar de evitar perjuicios definitivos», ha indicado la compañía en el comunicado . El pasado viernes había expirado el último plazo dado por los acreedores para el rescate. Según el acuerdo firmado en verano, los acreedores (encabezados por Banco Santander y KKR) aceptaban inyectar cientos de millones a cambio de quedarse con la mayoría de los activos. Una parte de los accionista rechazó este acuerdo y expulsó al Consejo de Administración: Ahora, intentaban hacer lo mismo con el actual presidente de Abengoa, Juan Pablo López-Bravo, en la junta de accionistas convocada para el 4 de marzo para trazar su propia estrategia.

La empresa informó al regulador de que los acreedores financieros no han otorgado los consentimientos solicitados por la sociedad para extender de nuevo el plazo para el cierre y ejecución del acuerdo de reestructuración anunciado el pasado 6 de agosto de 2020 . Desde esa fecha hasta el pasado 19 de febrero se ha ido extendiendo el plazo de cierre de la operación al haberse obtenido en cada posible vencimiento los consentimientos necesarios al efecto, «a la vez que la firma sevillana ha trabajado, en todo momento y en paralelo, en la búsqueda de posibles alternativas» ante la negativa de la Junta a aportar los fondos. Sin embargo, la compañía señaló que al no haberse obtenido un nuevo consentimiento para la extensión del plazo, el acuerdo de reestructuración «ha quedado automáticamente resuelto», y la financiación no puede ser ya ejecutada.

La empresa cuenta con 14.000 trabajadores, 3.000 de ellos en España. La empresa lleva en preconcurso desde 2015, cuando presentó una deuda tanto financiera como a proveedores de 20.000 millones.

Desde UGT mostraron su preocupación porque «cada día es más difícil sacar la empresa adelante y asegurar los puestos de trabajo». El secretario general de UGT FICA Sevilla, Manuel Ponce, instó a buscar la solución y abogar por un acuerdo de refinanciación que suponga el mantenimiento de la plantilla. «Después del verano la Junta no ha concretado su compromiso y esto ha dado pie a meses de incertidumbres, más la controversia de los accionistas y minoristas», señaló, al tiempo que criticó que «cada uno esté mirando sus intereses y no el interés general de los trabajadores que son los que van a sufrir y la industria en general».