Los empresarios critican el uso residencial en zonas turísticas

La organización empresarial considera que la falta de detalles puede propiciar interpretaciones ambiguas y fortalecer determinadas convicciones en los vecinos que de forma irregular residen en complejos turísticos, en detrimento del principal motor económico del municipio.

Al respecto, la AEAT recuerda que la generalización del uso residencial en inmuebles de carácter turístico lastra la actividad económica y el empleo derivado de la explotación de los complejos turísticos, con graves consecuencias para el tejido productivo del municipio y el destino en su conjunto. Y, al mismo tiempo, supone un camino erróneo a la hora de abordar los problemas del mercado de la vivienda en el sur de Gran Canaria.

Por otro lado, los empresarios recuerdan que desde la entrada en vigor de la Ley del suelo en 2017, sólo pueden mantener su residencia en complejos de uso turístico aquellos propietarios que puedan demostrar que lo hacían con anterioridad al 1 de enero de ese mismo año.

La FEHT ha mostrado desde hace años su preocupación por el avance de la residencialización en complejos turísticos, a pesar de la existencia de leyes autonómicas que acotan y penalizan este comportamiento.

«La existencia de unidades fuera de explotación dificulta y perjudica notablemente el funcionamiento, la gestión y la imagen de los establecimientos turísticos», defienden en una nota. «Las necesidades y horarios de ambos usos, turístico y residencial, a menudo se contraponen y se estorban».

Además, señalan, las obligaciones legales y de mantenimiento para un establecimiento turístico son muy superiores a las de una residencia, lo que a menudo supone una carga que los residentes no están dispuestos a soportar.

«Todo ello repercute en un progresivo deterioro de la calidad que perciben los clientes de un alojamiento, de forma que su imagen y reputación decaen a medida que aumenta la residencialización».

Como consecuencia indeseada, afirman, los propietarios de las unidades alojativas que se mantienen en la explotación dejan de obtener las rentas deseadas y pueden terminar poniendo también sus unidades a la venta para un uso residencial que, conviene insistir, carece de cobertura legal más allá de la excepción antes citada.

En ese sentido, la posición de los empresarios extrahoteleros pasa por evitar una dinámica que termina haciendo inviable continuar con la actividad turística, desapareciendo de esta forma todos los puestos de trabajo del establecimiento afectado.

Por todo lo señalado, La AEAT solicita al concejal Alejandro Marichal, así como al resto de cargos públicos con responsabilidades en el ámbito municipal de San Bartolomé de Tirajana, que eviten dar pie con sus declaraciones a determinadas actitudes que vulneran las leyes vigentes sobre turismo, y les reclama a su vez la protección de la continuidad de los puestos de trabajo en el sector extrahotelero, que continúa representando el 50% de las plazas alojativas de Gran Canaria.