Entrevista a... Ricardo Bodas. Magistrado de lo Social del Tribunal Supremo

«Lloverán demandas si hay trampas en el registro horario»

16/11/2019

El recién nombrado magistrado de lo Social del Tribunal Supremo participó ayer en las XXXVII Jornadas del Colegio de Graduados Sociales con una ponencia en la que abordó los problemas de la negociación colectiva. Bodas llega al Supremo tras diez años como presidente de la Sala de lo Social en la Audiencia Nacional, donde le ha tocado lidiar con conflictos colectivos como el ERE de Coca Cola o el de los controladores aéreos. Sus inicios fueron en el sindicato CC OO.

— ¿En qué momento se encuentra la negociación colectiva? Hoy un elevado porcentaje de convenios colectivos sigue sin firmarse.

— Yo creo que la negociación colectiva está siempre en situación complicada. Ahora se están cerrando menos convenios de los que se debería. Estamos en un momento complicado, difícil de las relaciones de fuerza en un contexto económico complicado y con problemas como la automatización o el brexit. No se está alcanzando el nivel de acuerdo que sería conveniente.

Esas relaciones de fuerza de las que habla quedaron desequilibradas tras la reforma laboral de 2012, ¿comparte la idea de su derogación?

— La reforma laboral acentuó de forma radical la flexibilidad de las relaciones laborales y lo hizo en todo los planos: contratación, relaciones laborales, negociación colectiva... Ahora es posible apearse del convenio colectivo y sucede igual con los convenios de empresa. Antes los convenios sectoriales eran la base y en aquellas empresas en las que había fuerzas sindicales suficientes se conseguían mejoras significativas respecto a los sectoriales. Ahora es al revés. En este momento el sectorial es una bicoca y los convenios de empresa sirven en la mayoría de los casos para ir a la baja, reduciendo condiciones. Con la ultraactividad pasa lo mismo. La reforma permitía dejar sin negociación colectiva y sin convenio desde que pasaba un año desde la denuncia. Afortunadamente la jurisprudencia ha corregido esto y ha evitado ir al salario mínimo en muchas empresas, que era algo sin lógica. En mi opinión debe haber una reflexión de todos los agentes sociales. Deberíamos volver a la senda virtuosa y que las reformas laborales se hagan en la medida de lo posible de forma negociada.

— ¿Sirvió la reforma para contener el desempleo o solo para judicializar los conflictos laborales?

— Las cifras de paro son aún disparatadas respecto a la UE. En ciclos altos de la economía creamos mucho empleo y en los bajos destruimos mucho. Esto responde a la estructura productiva de España y a cierta disposición de los empresarios que toman medidas restrictivas cuando podría haber otras fórmulas. Esta reforma trataba de fomentar la flexibilidad interna para evitar la externa pero se ha conseguido solo de forma parcial. El balance desde la perspectiva de objetivos no es para tirar cohetes.

— La Justicia ha sido de alguna forma el escudo contra los abusos de algunos empresarios.

— Los jueces estamos en nuestro papel. Tenemos las herramientas y lo que hemos hecho es ponderar y aplicar la nueva normativa de la reforma laboral en el contexto de todo el ordenamiento jurídico, nacional e internacional.

— El control de jornada lleva seis meses de aplicación con un resultad un tanto pobre.

— Ese tema dará pie a reclamaciones. El problema de esta cuestión es que si se hacen trampas con los registros los trabajadores afectados interpondrán las demandas correspondientes. Lloverán muchas. Se judicializará el asunto pero con una gran diferencia. Antes la jurisprudencia exigía probar hora a hora y día a día y eso era imposible. Ahora, la exigencia de llevar el registro comporta que si no se lleva hay un indicio de que se están haciendo horas extraordinarias que desplazaría la carga de la prueba y permitiría a los trabajadores estar en una situación más privilegiada que antes. En todo caso, esto debe llevarnos a reflexionar a todos. Es malo que el país viva con la impresión de que quien hace la ley hace la trampa.

— El BOE publicaba el jueves su nombramiento como magistrado de lo Social en el Tribunal Supremo. Llega tras diez años como presidente de la sala de lo Social de la Audiencia Nacional, ¿qué supone este nombramiento?

— Hasta ahora estaba centrado en litigios colectivos que se plantean en ámbitos superiores a una comunidad autónoma. En el Tribunal Supremo atenderé los recursos de casación ordinarios que resuelven la Audiencia Nacional y los TSJ en materia colectiva y los recursos de unificación de doctrina, que son mayoritarios y que buscan la defensa de la legalidad. Dicho esto creo que todo juez debe aspirar a llegar al Supremo. Es la máxima opción en esta profesión. Lamentablemente quedan pocas plazas, están muy competidas y siempre hay que gente que queda fuera. Ahora tengo por delante mucha ilusión y voluntad de que mi desempeño sea útil y eficiente a la sociedad.

— Su nombramiento, al igual que los otros dos magistrados elegidos para entrar en el Supremo, ha sido polémico porque el CGPJ ha optado por hombres y no por las candidatas que había mujeres y con méritos muy reconocidos. ¿Cuándo llegará la igualdad a la Justicia?

— En este momento en la carrera judicial hay más mujeres que hombres En un período breve de tiempo la mayoría de las personas que ocupen los puestos del Tribunal Supremo serán mujeres. En la sala de lo Social del Supremo, las dos últimas plazas fueron ocupadas por mujeres. En esta sala sobre 13 hay cinco mujeres. No está equilibrado pero va en el camino e inevitablemente va a suceder porque es justo. Habiendo más mujeres no tiene sentido esa desproporción pero todo forma parte de un proceso.

— Usted fue ponente de la sentencia del Tribunal Supremo que dio la razón al Ministerio y a Aena en el conflicto de los controladores y que acabó con sus privilegiadas condiciones. Hay otro colectivo con la misma fuerza que los controladores y que son los estibadores en los puertos. ¿Debería actuar el Gobierno con la misma contundencia en vista de que el decreto de liberalización del sector ha servido para poco?

— Hay determinadas actividades productivas y colectivos profesionales de trabajadores que suelen tener sindicatos propios y con un enorme poder negociador. En decisiones de conflictividad hace que consigan, incluso en muchas ocasiones solo anunciándolo y sin necesidad de ejercerlo, que alcancen sus objetivos. Es evidente que este es un país que necesita que las cosas funcionen y cuando la negociación colectiva no da el juego necesario para la defensa de los intereses generales tiene que entrar el legislador y por tanto, esta es una ponderación que tienen que hacer los que gobiernan y ver si los objetivos que se buscaban con la liberalización de la estiba se han conseguido o no.

— Usted comenzó su carrera profesional como abogado laboralista de CC OO, después ha sido magistrado de la Audiencia Nacional y a partir de ahora, del Tribunal Supremo. ¿Le ha sido difícil en su desempeño profesional aplicar la ley en asuntos en los que su criterio personal era otro?

— Ese problema les pasa a todos los jueces. Estuve 16 años como abogado laboralista en CC OO defendiendo trabajadores y luego seguí en mi despacho, defendiendo siempre solo a trabajadores. En un momento de mi vida decidí entrar en la carrera judicial y entonces asumí el compromiso exigido a todos los jueces, que es, asegurar que mi actuación se iba a acomodar a la independencia. Y quiero subrayar esto, los jueces estamos sometidos únicamente a la ley y al derecho. El segundo valor es el de la responsabilidad. He intentado atenerme a esos valores. Esto significa que a la hora de enjuiciar puede haber normas que me gusten o no pero que me vinculan y tengo que aplicarlas sea cual sea el resultado. Esto es predicable de cualquier juez, venga de donde venga. Cuando asumes esta función o lo haces lealmente o no eres juez. A lo largo de mi carrera he demostrado ser imparcial al margen de mi opinión personal.

El PSOE y Unidas Podemos han alcanzado un acuerdo de Gobierno. ¿Beneficiará a los trabajadores?

— Esto solo se podrá saber cuando rueden las reformas que van a acometer. El tiempo lo dirá. Ellos tienen un compromiso público en el sentido de buscar fórmulas que aseguren equilibrio entre las distintas partes del contrato de trabajo. Si lo logran debe ser bienvenido. Objetivamente hay un desequilibrio que corresponde al legislador resolver.