El Gobierno tramita 111,3 millones para mejorar la formación de más de 50.000 parados

14/11/2017

El Servicio Canario de Empleo (SCE) tramita en la actualidad un total de siete convocatorias diferentes destinadas a mejorar la cualificación de más de 50.000 personas inscritas como desempleadas y mejorar su posicionamiento en el mercado laboral.

La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, asegura que "más de la mitad del presupuesto que gestiona el SCE se dedica a formar a las personas inscritas como demandantes en las oficinas".

Son acciones, destaca, "que siempre se consensúan con antelación en el Consejo General de Empleo, integrado por los representantes de los sindicatos y empresariado, las organizaciones que conocen el mercado de trabajo, cuál es el perfil que demandan en la actualidad las empresas y cuáles son las carencias de los trabajadores".

El total de acciones formativas previstas supondrán una inversión total de 111.367.439,94 euros.

Valido señala como valores añadidos de la oferta formativa que la mayoría permiten obtener un certificado de profesionalidad a sus participantes, y el hecho de que en casi todas las convocatorias se fija un porcentaje de inserción laboral mínimo que oscila entre el 15 y 25% del total de participantes.

"Además de mejorar su cualificación, se lo acreditamos con un certificado de profesionalidad lo que le abre muchas puertas para ser contratados en las empresas, aparte la entidad que imparte la formación se compromete a conseguir un contrato a un porcentaje de los participantes", destaca.

Los certificados de profesionalidad son una acreditación oficial que acredita que la persona que lo posee tiene los conocimientos y las habilidades para desarrollar una actividad laboral determinada, estos certificados tienen carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

La convocatoria de formación dirigida prioritariamente a personas en desempleo que cuenta con 33 millones de euros de presupuesto inicial, contempla un total de 1.379 acciones formativas de 251 especialidades distintas, englobadas en 24 familias profesionales.

En general, se priorizan las familias profesionales de Hostelería y Turismo, Comercio, Imagen y Sonido y las especialidades de idiomas. También otras como las orientadas a los Servicios Socioculturales y a la Comunidad, que presentan una mayor diversidad de especialidades y un adecuado grado de adaptación a los perfiles y expectativas de los demandantes de formación.

Además de la formación habitual, se diversifica la oferta en especialidades formativas con mayor reconocimiento en el mercado laboral y otras vinculadas a actividades económicas emergentes y generadores de empleo, como las especialidades relacionadas con la presencia de la industria audiovisual y cinematográfica como asistencia a la producción cinematográfica y de obras audiovisuales, desarrollo de productos audiovisuales multimedia interactivos, cámara de cine, vídeo y televisión, y montaje y postproducción de audiovisuales.

Además de la convocatoria de formación dirigida prioritariamente a personas en desempleo, el SCE adjudicará en breve los programas de formación en alternancia con el empleo, que cuentan con 19,5 millones de euros, los planes con los cabildos, 41,8 millones, y los programas dirigidos específicamente a la integración personas en exclusión social, 3 millones de euros, entre otros.

Programas de garantía juvenil

Los programas de Formación en Alternancia con el Empleo, que según establecen las bases de la convocatoria de este año tendrá una duración de 11 meses y medio, cuentan este año con 19,5 millones de euros de los que 7,5 irán destinados exclusivamente a jóvenes inscritos en Garantía juvenil.

La previsión es que estos programas permitan cualificar y obtener un certificado profesional a la par que trabajan alrededor de 1.100 personas desempleadas.

Los proyectos alternan, por tanto, el aprendizaje y la cualificación profesional con un trabajo, que además de proporcionar ingresos y cotización a la Seguridad Social durante el año que dura el proyecto, permite a los participantes adquirir y acreditar una experiencia laboral.

El alumno firma por tanto un contrato de aprendizaje y como remuneración percibe el 75% del salario mínimo interprofesional.