El Gobierno afina el nuevo decreto del alquiler vacacional

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, confirmó ayer que el nuevo decreto habilitará unas «reglas de juego» comunes para todo el archipiélago, para que haya «cierta homogeneidad», pero dejará en manos de los cabildos y los ayuntamientos los límites de la actividad.

Clavijo matizó a preguntas de los periodistas que su Gobierno ha dejado en manos de las corporaciones insulares y municipales la decisión sobre los espacios que ocupará esta actividad.

«Las administraciones insulares y locales decidirán si el alquiler es posible en espacios residenciales, turísticos o mixtos, en función de su modelo turístico», reiteró Clavijo. «La situación en La Palma, que tiene una evidente falta de camas y dificultades para poder albergar a los turistas que llegan por ejemplo con la Transvulcania, no es la misma que la de Lanzarote, donde hay un concepto de villa turística que sí podría verse afectada por la regulación».

El decreto llega con meses de retraso respecto a las previsiones iniciales de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias. El consejero del área, Isaac Castellano, ha desarrollado una intensa actividad para consensuar la norma. Pero es imposible contentar a todos. La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) acudirá de nuevo a los tribunales en caso de que se mantengan restricciones que vayan contra la libertad de empresa y la de prestación de servicios.

En el otro extremo, la patronal hotelera de Santa Cruz de Tenerife, Ashotel, reivindica una regulación que, como situación de partida, prohíba el alquiler vacacional en las zonas turísticas, y que sean los cabildos y ayuntamientos, a través de sus instrumentos de ordenación, los que establezcan lo contrario. Los hoteleros de FEHT Las Palmas mantienen una postura más moderada: reclaman una regulación que garantice que todos los alojamientos estén sometidos a las mismas reglas del juego.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha emitido varias sentencias que anulan el núcleo de la norma que está a punto de modificarse, cuestionada también por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Entre ellos, los artículos del Decreto 113/2015 que prohíben el alquiler vacacional en zonas turísticas y no permiten alquilar habitaciones sueltas. La norma sigue vigente, ya que el Tribunal Supremo aceptó el recurso del Gobierno canario.